Defensa de la independencia judicial
Afortunadamente, en un país libre uno se puede manifestar básicamente para pedir lo que quiera, aunque una manifestación orquestada desde las proximidades del poder político para defender al propio Gobierno frente a los supuestos “ataques” del poder judicial no sea exactamente el mejor ejemplo de los derechos fundamentales como contrapeso de ese poder político.
Pero, sobre todo, hay que destacar que carece de todo fundamento esa caprichosa acusación de politización al poder judicial. Ni siquiera aunque se refiera solo al Tribunal Supremo, ni tampoco si se ciñe a la Sala de lo Penal de dicho Tribunal.
En realidad, hoy, en el año 2025, si hay un Tribunal que parece decidir demasiadas veces teniendo en cuenta más los efectos políticos que la fundamentación jurídica, y que se divide demasiadas veces en bloques “progresistas” y “conservadores”, ese es —me duele constatarlo y escribirlo— el Constitucional.
En cambio, el poder judicial, a lo largo de las décadas, ha investigado y sigue investigando, ha condenado y sigue condenando casos de corrupción que afectan al PSOE, al PP y a otros partidos; irregularidades que implican a familiares o parejas del presidente del Gobierno o de la presidenta de la Comunidad de Madrid; a responsables políticos que desempeñan cargos institucionales de uno u otro partido; o nombrados a propuesta de uno u otro Gobierno.
Podría dar una larga lista de ejemplos, pero cualquier lector medianamente formado y objetivo reconocerá que en esa —lamentablemente extensa— enumeración aparecerán casos de todo tipo o con implicaciones políticas de lo más diverso. Lo cual, ya de por sí, es un argumento no menor para desmentir cualquier acusación de lawfare judicial que pretendiera precisamente erosionar o derribar a este Gobierno.
Que yo sepa, aquí el único Gobierno que ha caído por una moción de censura fundamentada básicamente en una frase de una sentencia (por cierto, más tarde corregida) fue otro.
Así que creo que solo un sectarismo político tan intenso como para cegar a alguien, o bien el interés por confundir e intoxicar a la ciudadanía, puede fundamentar esta ola de críticas a la independencia judicial. Y eso incluye, desde luego, el intento de deslegitimar la reciente condena al ya ex fiscal general del Estado.
Sin ningún interés ni preferencia por mi parte en una u otra sentencia, debo decir que confío plenamente en el acierto de la decisión del TS. Si recurre en amparo y este es estimado… leeré con atención esa sentencia.
Pero lo peor, lo inaceptable, lo que genera un daño irreparable a nuestras instituciones y a nuestra democracia, es que este tipo de enfoques y argumentaciones procedan del propio Gobierno. Una falta de respeto institucional jamás vista a este nivel desde el origen de este régimen democrático.
