Semana trágica

Los períodos de caída de los gobiernos y deterioro de las instituciones suelen ser lentos como la erosión de las rocas por el mar y el viento. Pero también tienen puntos de inflexión o no retorno, o momentos de caída estrepitosa, como cuando la roca finalmente se desploma porque su base de debilita tanto que no soporta el peso. Que caiga un Gobierno no es demasiado problemático cuando esto se produce dentro de las vías previstas por el ordenamiento, y siempre y cuando la salud del sistema democrático no se resienta. En cambio, el deterioro generalizado de las instituciones puede producir daños generalizados que permanezcan mucho más allá que el poder político que los generó para tratar de sobrevivir. Yo creo que, pase lo que pase, esta semana de junio de 2025 será recordada como el punto de no retorno de la vida de este Gobierno.

Comenzamos por la filtración de la sentencia sobre la amnistía y todo lo que este Tribunal Constitucional (o su mayoría) está haciendo para ayudar a este Gobierno aunque sea a costa de su propio prestigio. Pero doy por hecho que estas cosas no tienen hoy en día demasiado coste electoral: se da por hecho que estas filtraciones son ya cotidianas (aunque yo me niego a seguir opinando jurídicamente sobre un texto filtrado, ya lo haré cuando proceda…), y el fondo del asunto (el ataque al Estado de derecho, la separación de poderes y los valores constitucionales que supone esta ley y supondría su convalidación constitucional) seguramente se da por descontado desde hace tiempo. Pero hay que añadir la situación del Fiscal General del Estado. Es verdad que el Gobierno y sus muchos tentáculos mediáticos han tratado de contrarrestar el efecto de ver en el banquillo al máximo responsable de la institución que tiene por finalidad esencial la defensa de la legalidad, con el impudoroso pero hoy cotidiano recurso de cargar las tintas contra el juez que ha instruido la causa. Pero queda mucho por ver en este proceso, y el daño a la imagen de las instituciones no ha hecho más que empezar. Aclaro que con esto no prejuzgo en absoluto la culpabilidad del ciudadano Álvaro García Ortiz, que tiene derecho a su defensa y a su presunción de inocencia. Pero los principios más elementales de la ética y el decoro exigen que esa defensa no se lleve a cabo mientras mantiene su condición de Fiscal General del Estado. Con todo, reconozco que todo esto es poco al lado del último giro del llamado caso Koldo, que ahora implica no solo a este y a Ábalos, sino a Santos Cerdán, cuya dimisión no debería ser suficiente para su jefe y máximo responsable, que llegó al Gobierno en la moción de censura que solo justificaba la corrupción insoportable que él veía en los responsables del Gobierno anterior. La única salida mínimamente decorosa es la dimisión o la convocatoria inmediata de elecciones.