Mari Carmen y la vivienda
El de Mari Carmen es uno de tantos desahucios que se producen en aplicación de la ley, pero que ha sido cuidadosamente elegido por determinados colectivos como emblema para poner de relieve los problemas para el acceso a la vivienda que existen en nuestra sociedad.
La elección se ha basado en razones sentimentales y coyunturales: es imposible no empatizar con una mujer de 87 años, enferma y vulnerable, y que llevaba 70 años residiendo en la vivienda que ha tenido que abandonar, ofreciendo imágenes que no pueden sino mover a la compasión.
Además, viene perfecto que se haya producido en la Madrid de Ayuso y Almeida, y que la propiedad de la vivienda esté en manos de una empresa que, sin entrar en más detalles, se ha calificado inmediatamente como “fondo buitre”.
La circunstancia de que se tratase de una vivienda de las llamadas “de renta antigua”, que es sin duda una situación que supone una anomalía total y hasta una injusticia que ha de tender a extinguirse, se ha presentado, sin embargo, como la prueba de que esta situación la convierte en “víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz”, por transcribir la impudorosa redacción del decreto-ley aprobado el pasado martes.
En realidad, todo es una consecuencia de la aplicación de la ley, que, si se considera injusta o indeseable, siempre puede reformarse, pero nunca atendiendo a la emotividad de un caso concreto, sino al interés general.
Por lo demás, existen hoy indudables dificultades para el acceso a la vivienda, en alquiler o en propiedad, y muy especialmente para el acceso por personas jóvenes.
Estas dificultades pueden obedecer a varias causas, pero desde luego son principalmente consecuencia de la incapacidad de los poderes públicos durante los últimos años para aprobar medidas que favorezcan que la oferta se ajuste a la demanda.
Pero en realidad nada de esto parece importarle al Gobierno, que, con su indudable capacidad de reacción emotiva y populista frente a todo lo que suceda, y ante la presión de algunos colectivos, ha decidido afrontar la situación aprobando inmediatamente dos decretos-leyes, precipitados, profusos, confusos, máxima expresión de populismo jurídico, y que no van a resolver nada.
El caso concreto de Mari Carmen parece que se va a solucionar gracias al acuerdo entre la propiedad y sus representantes, propiciado por el Ayuntamiento de Madrid.
Y en cuanto al problema general, es evidente que las medidas aprobadas (prórrogas forzosas, contratos tendencialmente indefinidos, indemnizaciones de la propiedad al arrendatario…) suponen un torpedo contra la oferta de vivienda, y en términos generales agravarán mucho más el acceso a esta.
Pero no pasa nada: si se aprueban, calmarán a los colectivos más politizados; y si no, la culpa será de la oposición.
