Contradicciones
Hay semanas que dan para mucho y resulta difícil elegir el tema para esta columna, y esta es una de ellas.
Así que voy a apuntar simplemente algunas contradicciones e incoherencias flagrantes que esta precampaña ya nos ha empezado a ofrecer.
La primera, y quizá la más evidente, es la de esta huelga general, que convocan los sindicatos mayoritarios porque el sindicato de inquilinas, que se dice sindicato pero no lo es, no puede hacerlo. Y que se ha convocado sin que quede muy claro qué se pide y contra quién.
Aunque el decreto-ley que todavía hoy regula la huelga dice expresamente que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos”, en realidad los sindicatos no han tenido problema en reconocer que esta es una huelga política.
En todo caso, y prescindiendo de su análisis jurídico, cabría suponer que esta huelga política (o cuyo elemento político es incuestionable y protagonista) se convoca para reclamar algo a alguien que, si no son los empresarios, solo podría ser el Gobierno.
Pero ¡qué va!, los mismos sindicatos convocantes han explicitado que no tendría sentido convocar una huelga a este Gobierno, que tanto ha hecho por los trabajadores y tanto ha subido el salario mínimo.
Y, para evitar dudas, la ministra y vicepresidenta del Gobierno que hace tiempo se ha especializado en manifestarse para exigirle cosas al Gobierno del que forma parte, no solo ha apoyado la huelga, sino que ha manifestado su deseo de actuar como piquete.
Y el Gobierno en su conjunto se ha dedicado a airear su apoyo a esta huelga, con la que tan cómodo se siente.
Así las cosas, podríamos pensar que la huelga se ha convocado por los sindicatos afines al Gobierno contra la oposición, aunque esto es lo más absurdo que se pueda imaginar.
Los sindicatos ya han dicho que si los partidos de la oposición se molestan, será porque en efecto va la cosa va contra ellos. Por si gobiernan, se supone.
En fin, hemos vivido la huelga más absurda y contradictoria de nuestra historia democrática. Una huelga preventiva, jaleada por quienes dan por perdido el Gobierno.
No es la única contradicción de estos días.
El presidente del Gobierno dice ahora que no asiste a funerales católicos porque no es creyente.
Pero veamos. Aquí debería ponderar su derecho a la libertad religiosa (en sentido negativo) y el perfil institucional de quien preside un Gobierno, y no puede ser sustituido nunca por alguien de su mismo nivel (cinco ministros no equivalen a un presidente).
Si ese perfil institucional no importa o no prevalece, ¿qué sentido tiene la presencia de cinco ministros? ¿solo han ido los católicos?
Y si tiene sentido dar prioridad a ese enfoque (como sin duda hace por ejemplo la reina Leticia), entonces el que vaya o no el presidente depende solo de la importancia que quiera dar al funeral.
No en vano estuvo en otros.
Tal vez lo incoherente fue acudir a los de Monserrat Caballé o de Guillermo Fernández Vara. O tal vez ellos importan más que 69 muertos en Toledo. O simplemente, aquello era más seguro y cómodo para él.
