Obedecer, cumplir, criticar…

La declaración del estado de alarma, y algunas de las normas que posteriormente se han aprobado, han supuesto las mayores restricciones de derechos que se conocen en nuestro período democrático, hasta el punto de que, en algún caso, algunos creemos que se llega a la suspensión. Pero como es evidente, esto lo ha acordado un Gobierno legítimo, y autorizado (en su prórroga) el Congreso de los Diputados. Y además, a pesar de todos los matices y discrepancias, todos entendemos que se busca un fin muy importante, como es salvar vidas y proteger la salud. Por todo ello, estamos obligados a obedecer y a cumplir todas y cada una de sus prescripciones. Y la inmensa mayoría de los españoles lo estamos haciendo así desde el primer día. Eso es, por encima de todo, lo que nos une: el cumplimiento colectivo de nuestras obligaciones, así como la solidaridad y el apoyo expresados cada tarde en el aplauso que, si va explícitamente dirigido a los profesionales de la sanidad, también expresa nuestra unidad como nación que sufre con los compatriotas que peor lo están pasando, y que en todo caso sacrifica una parte importante de sus derechos.

A partir de ahí, carecen de todo sentido, en mi opinión, las imputaciones de deslealtad o de falta de unidad que parten del Gobierno y de personas afines, y se dirigen precisamente a quienes criticamos sus actuaciones. Por no decir las críticas que hacen a la oposición por el mero hecho de no mostrar un total acuerdo con todo, a pesar de que, en contra de algunos de los socios del Gobierno, ha votado hasta ahora a favor de las medidas del Gobierno. Motivos para criticar hay demasiados: además de los estrictamente jurídicos que aquí he ido expresando, parece evidente la demora en actuar, que provocó una incidencia mucho mayor de la epidemia. Es verdad, el Gobierno no tiene la culpa de la epidemia y esta afecta a todo el mundo, pero no todos están en el segundo lugar mundial en este trágico ranking de fallecimientos, y esto no habla de una buena gestión. A ello cabe añadir el ridículo fracaso inicial en la compra de tests, que como mínimo va a suponer mucho más retraso en su difusión. Y la falta de coordinación y centralización de la gestión, que es para lo que declaró el estado de alarma, y que ha provocado que cada Comunidad Autónoma sobreviva como puede. Por no hablar de la manipulación del derecho a recibir información y de la libertad de expresión que se lleva a cabo en las permanentes intervenciones públicas de los ministros y responsables, con preguntas previamente “filtradas” a las que además no hay ninguna necesidad de responder, y sin derecho de réplica. ¿Hablan de deslealtad? Desleal sería, en mi opinión y por mantener el símil bélico tan frecuente estos días, ver cómo nuestros generales mandan a los soldados a la guerra sin armas y callar ante eso. Hay que ser leales al Estado, y también a los compatriotas que se dejan la piel y que tratan de transmitir a duras penas la lamentable situación en la que se encuentran. En este caso, criticar es incluso un deber para todo el que ve lo que está sucediendo. Y eso sin descartar el legítimo derecho a impugnar aquellas decisiones que puedan lesionar injustificadamente derechos. Pedir unidad con un Gobierno que no está gestionando bien no es pedir lealtad, sino una ciega y acrítica adhesión a esa misma mala gestión. Y eso es algo incompatible con la misma idea de democracia. De momento, parece que nos queda al menos algo de nuestra libertad de expresión. Que no nos pidan además que no la ejerzamos.

Fuente de la imagen: https://confilegal.com/20200317-analisis-del-real-decreto-dos-realidades-distintas-del-estado-de-alarma/