Juegos de trilero
Hay que reconocer, sin atisbo de ironía, la impresionante capacidad de este Gobierno para:
a) Ofrecer una visión positiva y favorable para sus intereses respecto a todo lo que sucede.
b) Proponer noticias y temas de debate sobre cuestiones nuevas que nunca tendrán trascendencia real, pero permiten desenfocar la atención de otros problemas más importantes.
En los últimos días encontramos llamativos ejemplos de todo ello. Seleccionaré solo tres, cada uno de los cuales merecería un análisis monográfico, lo que me permitiría ocupar al menos tres “miraderos”, pero la semana que viene seguro que habrá más, o tal vez yo prefiera escribir de otra cosa. Así que los apuntaré sintéticamente.
Primer ejemplo: la Comisión de Venecia aprueba un informe que pone de relieve las carencias y riesgos que tiene nuestra regulación del sistema de gobierno del poder judicial, en especial en el nombramiento de los vocales del Consejo.
Pues no pasa nada, el Gobierno ofrece una explicación, cogiendo el rábano por las hojas, según la cual, dado que los Estados tienen margen para regular esta institución, que incluso podría no existir, y dado que también la elección por los propios jueces podría tener riesgos, lo que tenemos es fabuloso.
Segundo ejemplo: el odiado Trump auspicia una paz, frágil y provisional, en el conflicto palestino-israelí.
El Gobierno, que ha destacado por su postura beligerante contra Israel, se permite destacar su gran aportación a esa paz, gracias sobre todo al embargo de armas, que según su versión sería un pilar fundamental de esa paz…
Pero a veces no es suficiente con “reorientar” la realidad, y hay que acudir a la táctica de “crear” una nueva realidad, o al menos un nuevo tema de debate que nos entretenga un poco a todos.
A ese objetivo obedece la propuesta de reformar la Constitución para incluir el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Seré breve: más allá de lo que se opine sobre ese derecho:
a) Ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2023.
b) Incluirlo, como se propone, entre los principios rectores de la política social y económica no solo es un fraude de Constitución porque esta reforma debería afectar —de acuerdo con la propia jurisprudencia constitucional— al artículo 15, que requeriría seguir el procedimiento agravado, sino que además es claramente “rebajarlo”, pues pasaría de derecho fundamental a principio orientador de la actuación de los poderes públicos.
c) Sea por el procedimiento ordinario o sea por el agravado, esta propuesta está condenada al fracaso porque no es imaginable que alcance la mayoría cualificada…, siempre que (“cosas veredes”) al PP no se le ocurra sucumbir a este “canto de sirena”.
Pero si al menos el Gobierno logra enredar un poco al PP… no le saldrá mal del todo la jugada.
