Encuentro esencial para reto descomunal

Como cada año desde el inicio del siglo (y desde 2013 en el mes de julio), la Universidad de Castilla-La Mancha organiza en Toledo un programa que creo honestamente cabe calificar como uno de los eventos académicos más relevantes de Europa en materia de justicia constitucional. Más de 70 profesores expertos en la materia, de diversas nacionalidades europeas (Italia, Alemania, Polonia, Francia, por supuesto España) y americanas (Estados Unidos, México, Perú, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, entre otras) debaten sobre problemas comunes y sobre peculiaridades en el ámbito de la justicia constitucional. Participan también diversos magistrados de cortes constitucionales y abogados, y cursan el programa en torno a 120 juristas de muchas nacionalidades. La satisfacción por el éxito de este programa es grande para quien escribe, ya que modestamente he podido aportar mi granito de arena desde su fundación, y seguro que también para todo el gran equipo del área de Derecho Constitucional (y de Filosofía del Derecho) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

Pero esta alegría no puede compensar la desolación que cabe sentir ante la evolución negativa que la situación de la justicia constitucional viene mostrando en estas décadas, desde que empezamos a analizar el tema. Desde luego, esta situación tiene como contexto un deterioro institucional grave, y se produce no solo en España, sino en prácticamente todos los países del ámbito europeo e iberoamericano. En los últimos años, el auge del populismo parece imparable, y por eso en este curso -y en relación también con otro proyecto que coordinamos- vamos a dedicar monográficamente varias sesiones al análisis del impacto de ese fenómeno en la justicia constitucional. Como puede imaginarse, este impacto suele ser negativo porque, si la justicia constitucional funciona, siempre será un límite y un contrapeso frente al poder político, y por eso este trata de controlarla. Lamentablemente, varias experiencias comparadas ponen de relieve lo difícil que resulta que la independencia de la justicia constitucional se logre preservar en estos contextos. Pero nada de esto quita dramatismo a la situación del Tribunal Constitucional español, que por cierto el mismo día en que escribo estas líneas anuncia su sentencia sobre la constitucionalidad de la amnistía, en el sentido que lamentablemente cabía prever (no por la previsibilidad del ordenamiento jurídico, sino por la certeza de la composición del Tribunal). Ya habrá tiempo de comentar esto más detenidamente, pero cabe decir sin miedo a exagerar que el Tribunal cae (no solo hoy, pero hoy se manifiesta de manera muy clara) en el momento más bajo de su historia desde los inicios de su funcionamiento en 1980. Por eso los juristas debemos denunciar la situación e intentar ofrecer salidas.