Producto de la imaginación
Ya escribí sobre los argumentos jurídicos por los que creo que la amnistía, y sobre todo esta amnistía que ahora se propone, es frontalmente inconstitucional. Hoy hablaré en términos más políticos y éticos. La amnistía de 1977 no fue ilícita. Por decirlo muy sintéticamente, si el indulto es perdonar, una amnistía con estas características es pedir perdón. En 1977 había razones para hacerlo, en la medida en que las condenas amnistiadas fueron fruto de un sistema jurídico y político ilegítimo. Y tal y como se plantea, una amnistía como la que ahora se pone sobre la mesa implicaría alterar el relato de todo lo sucedido respecto a la independencia de Cataluña en una década. El relato público que venían sosteniendo el Estado y la inmensa mayoría de los españoles. Según este, España es un Estado democrático que, de acuerdo con una legislación plenamente legítima, condenó a algunas personas por delitos graves contra valores esenciales del sistema constitucional. Algunos fueron indultados, e incluso el principal de esos delitos (la sedición) ha sido derogado y sustituido, pero permanece la idea de la licitud de las condenas. El prófugo de Bruselas es exactamente eso, un prófugo que ha huido para no afrontar las consecuencias de sus delitos. Pero ahora…
Ahora, después de que la vicepresidenta del Gobierno haya ido a ver al prófugo, ha empezado el proceso de legitimación del relato alternativo. Un relato en el que el Estado es opresor, las condenas fueron ilícitas y el prófugo (todos los prófugos) son en realidad exiliados que han sido “represaliados”. Es el discurso del prófugo y sus negociadores, no cuestionado por el momento por el candidato a presidente. Y que pasaría a ser relato oficial en caso de otorgarse esa amnistía. El prófugo proclamó en 2017 una imaginaria independencia de una imaginaria República, que duró unos segundos, pero ni siquiera debe responder por eso, sino por otra serie de actos, y ahora principalmente por actos de corrupción económica, como es la malversación. El caso es que ahora la presidencia del Gobierno de España depende no ya del imaginario presidente de la imaginaria República Catalana, sino del voto imaginariamente democrático de los miembros del imaginario Consejo de la República. El mero hecho de que alguien supuestamente comprometido con la Constitución esté dispuesto a ser presidente del Gobierno a ese precio resulta inconcebible. Porque ese precio implica dar plena credibilidad y legitimidad a todo ese relato hasta ahora ridículo e imaginario.
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