Defender la Constitución

          Así es como, en mi modesta opinión, están las cosas. Hay dos problemas, ahora totalmente diferentes. Uno es la necesidad de garantizar la efectiva aplicación de la Constitución vigente en todo el territorio nacional. Otro, el del futuro de Cataluña y su “encaje” en España. Este último –lo he escrito ya varias veces- solo puede resolverse con un diálogo capaz de generar un consenso que conlleve una reforma constitucional. Pero ahora mismo es mucho más perentorio y urgente el primer problema. La defensa de la Constitución implica la de los principios del Estado de Derecho, con su principio básico de la separación de poderes, y su corolario de la vinculatoriedad de las decisiones judiciales. Por ello (dejando ahora de lado otras razones) era muy importante que el 1 de octubre no se celebrase un referéndum en Cataluña. El Tribunal Constitucional había suspendido la ley que lo amparaba, y la propia convocatoria, y en aplicación de esa resolución, el Poder Judicial había dirigido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su condición de policía judicial, para impedir que se llevase a cabo ese acto que rompía frontalmente con los principios constitucionales. Ese día se vivieron situaciones que no hubiéramos querido vivir, y se contemplaron imágenes que no nos gustan. Pero se puede decir que el referéndum nunca se celebró. Lo cual es distinto a la situación en la que se hubiera celebrado un referéndum ilegal. Cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad o conocimiento de lo que es la democracia, y que conozca los hechos más allá de las imágenes de personas introduciendo votos en urnas, comprenderá que no es necesario detenerse demasiado en justificar por qué no hubo referéndum: ya antes del día, la Comisión de Venecia había afirmado que no reunía las garantías necesarias, pero además hubo todo tipo de infracciones de la propia ley del referéndum suspendida, cambios de última hora como el llamado censo universal, votos múltiples, urnas que llegaban ya con votos, ausencia de un control informático que funcionase mínimamente, ausencia de todo órgano de garantía, escrutinios que cambian y no cuadran… La pantomima que contemplamos fue cualquier cosa menos un referéndum.

          Con todo, ello no exime de revisar los hechos y exigir responsabilidades, allí donde proceda: probablemente hubo delitos de desobediencia, tal vez de sedición, y ciudadanos y policías heridos. Hay que comprobar si las actuaciones de las fuerzas de seguridad siguieron los parámetros derivados del principio de proporcionalidad. Posibles excesos… o la pasividad de algunos mossos, que pudo generar una mayor dificultad en la ejecución de las decisiones judiciales, y a la postre una mayor necesidad de fuerza. Hay que analizar cada caso, pero carecen de fundamento las visiones simplistas que afirman la superioridad de la integridad física sobre la ejecución de las sentencias, sin considerar que toda ponderación es incompatible con la jerarquización, y requiere además valorar la intensidad de la afectación de cada principio. A pesar de algunas imágenes impactantes y dolorosas (y otras falsas, manipuladas o descontextualizadas), ha habido, según los datos ofrecidos por la propia Generalidad, dos heridos de cierta gravedad (aunque 800 leves, además de 400 policías), de un total de 2.200.000 personas que participaron en el sedicente referéndum, desbaratado para ejecutar una resolución de cuya aplicación podían los valores esenciales de la Constitución, y la propia integridad territorial de la nación. Lamentable, pero creo que, globalmente, es difícil afirmar una desproporción.

(Fuente de las imágenes: https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4218512 y https://elpais.com/elpais/2017/07/27/opinion/1501147524_702998.html)