¿Todo gratis para todos?

Hace mucho tiempo que se sabe que todo derecho tiene un coste económico, y algunos hemos dedicado algunas páginas a analizar esta cuestión. Así que la afirmación de que un derecho o prestación es “gratis” nunca es del todo verdadera. No hay derechos gratis, sino distintas formas de sufragar el coste del derecho. Esas formas son básicamente tres: 1) que se financie íntegramente con dinero público; 2) que la sufrague íntegramente el beneficiario de la prestación; 3) una fórmula mixta, en la que el beneficiario pague solo una parte del coste de su derecho. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, la Constitución garantiza que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, lo que se ha venido interpretando en el sentido de que, en el período que el legislador defina como “básico” la matrícula ha se resultar gratuita para el alumno. Esto no implica el coste total del derecho, pues los materiales escolares, o en su caso el transporte o el comedor, no son constitucionalmente gratuitos. Esto es un mínimo, y el legislador y los poderes públicos pueden ampliar el ámbito de la prestación financiado con el dinero de todos.

Podría pensarse que cuanto más amplio sea el ámbito de un derecho prestacional sufragado con el dinero público, mucho mejor para todos. Pero creo que esta no siempre es la opción más justa ni más igualitaria. Fuera del ámbito básico constitucionalmente garantizado, la educación es voluntaria, y no estoy seguro de que siempre sea la mejor opción que con el dinero de todos se pague íntegramente la educación de algunos. Por eso la iniciativa de que el curso próximo todos los primeros cursos de las enseñanzas de grado universitarias sean gratuitos para todos en Castilla-La Mancha, aunque parece haber sido acogida sin mayor crítica, no deja de platear algunas inquietudes. En primer lugar, esto significa que los jóvenes que, pudiendo acudir a la Universidad, prefieren trabajar, pagarán con sus impuestos la matrícula universitaria de los que desean estudiar. Alguien podría decir, con el consabido argumento demagógico, que se trata de que ningún joven en edad de acudir a la Universidad deje de hacerlo por falta de recursos. Pero eso se solventa con un buen sistema de becas. Parece fácil entender que no es más igualitaria la solución de dar lo mismo a todos, sino que tal vez algunos necesitan más (quizá una beca que cubra no solo matrícula sino también materiales u otros gastos) y otros pueden afrontar una pequeña parte del coste de su plaza, que es en realidad lo que cubren las ya bastante bajas matrículas en nuestra Universidad. Por lo demás, esa gratuidad en solo el primer curso puede tener efectos colaterales que convendría prever, como un exceso de demanda que pueda obligar a subir notas de corte, o la mayor saturación de las aulas que haga todavía más difícil mantener una enseñanza de calidad. Veremos.