La degeneración del TC

Desde aquí venimos denunciando, con gran pena y decepción, la progresiva degeneración de nuestro Tribunal Constitucional, que hoy actúa lamentablemente como un órgano politizado, demasiado alejado de la independencia que cabe esperar de él. Es verdad que ese riesgo de politización ha existido siempre, y es además común a todos los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional en el mundo. Pero esta idea no debería ser utilizada como venda que nos tape los ojos y nos impida ver que, en el caso concreto del TC español, las cosas han ido empeorando y hoy podemos decir que su situación es la peor de su historia. Me explico algo más: siempre ha habido una tendencia de los partidos a proponer magistrados ideológicamente próximos; siempre ha habido una cierta identificación de unos magistrados como “progresistas” o “conservadores”, y siempre ha habido una tendencia a la división del Tribunal en las votaciones de las sentencias con más carga política, ideológica o moral. Pero nunca como hoy el Tribunal se ha dividido en dos bloques férreos y previsibles, y no solo en asuntos cuyo fondo planea una carga ideológica o política, sino también en aquellos cuya trascendencia política deriva solamente de la identificación del recurrente o de las posibles consecuencias de la sentencia, pero no del fondo del asunto. Son demasiados ejemplos como para pensar que todo es mera casualidad. Y demasiadas consecuencias indeseables de ciertas sentencias, que la mayoría del TC no tiene reparo en asumir.

 

Las recientes sentencias sobre los casos ERE son otro hito más en este camino pernicioso del Tribunal. Ya la división, que empieza a ser tradicional, entre 7 magistrados que “causalmente” avalan siempre las tesis más favorables a los intereses del Gobierno o del partido, y cuatro en contra, empieza a ser sospechosa. Pero en cuanto al fondo del asunto, no solo es preocupante por las consecuencias políticas de la decisión, sino porque el tribunal parece perder todo pudor incluso a la hora de recuperar la “guerra entre tribunales” con el Tribunal Supremo y la justicia ordinaria. Porque aun admitiendo que las cuestiones controvertidas respecto a la concurrencia de los delitos de prevaricación o malversación (según la sentencia) sean susceptibles de diversas interpretaciones, resulta un tanto exagerado pensar que la que había seguido el Tribunal Supremo debe considerarse una “interpretación imprevisible” de tal magnitud que suponga lesión de derecho fundamental. Con esa línea, el TC puede convertir cualquier controversia interpretativa en un asunto constitucional, convirtiéndose en una especie de super casación, que es lo que se supone que no debe hacer.