El Estado de derecho no se negocia
“El `problema de Cataluña´ es político y la solución tendrá que ser política”. Hemos oído muchas veces esta afirmación, que no deja de ser un poco simple (habría que precisar qué entendemos por “político”) y deja de lado demasiados matices del “problema”. Pero a efectos meramente argumentativos, voy a aceptar que así fuera. Es verdad que el derecho tiene siempre una finalidad, y por eso las normas se aprueban, en cierta medida, para resolver “problemas” políticos, económicos, sociales… Para eso existen las vías de reforma de todas las normas, o la posibilidad de aprobar otras que las deroguen. Pero mientras la norma está vigente, solo queda aplicarla, y acudir a los mecanismos de sanción existentes en caso de incumplimiento. Quiero decir que, aunque aceptemos que el problema de Cataluña es político y su solución, también, lo que es del todo inadmisible es que esa solución política se produzca “contra el derecho”, “al margen del derecho”, o ignorando el derecho, lo que sería el caso si, para encontrar la solución tuviéramos que partir de la inaplicación del derecho vigente.
Viene lo anterior al caso por algunos anuncios del Gobierno de España respecto a Cataluña. No me parece mal que se hagan “gestos” con la intención de “destensar” las relaciones entre instituciones. Lo cuestionable se produce cuando esos gestos implican la renuncia a la aplicación de la Constitución y la ley en ciertos supuestos. Es verdad que el desistimiento es una opción procesal perfectamente válida, y en principio nada cabe objetar, en términos jurídicos, a la anunciada “retirada” de diversos recursos frente a leyes catalanas (o vascas) “sospechosas de inconstitucionalidad” -si se me permite esta expresión, que no sería del todo correcta jurídicamente-. Aunque cabe criticar políticamente la posibilidad de que pervivan en el ordenamiento leyes inconstitucionales. Pero mucho peor que eso es el anuncio, hacia el futuro, de que “no se abrirán más vías judiciales” frente a lo que puedan aprobar las instituciones de Cataluña. Esto es, lisa y llanamente, un compromiso general de que no se utilizarán los instrumentos que ofrece el Estado de derecho para garantizar la aplicación de la Constitución y de la ley, o al menos aquellos cuya activación dependa del Gobierno de España. Eso es utilizar, como parte de una negociación (o peor aún, como paso previo antes del inicio de una negociación) al Estado de derecho como moneda de cambio. Y eso, frente a quienes han dado pruebas reiteradas de absoluta falta de lealtad a la Constitución y al derecho -y han mostrado su voluntad de quebrantarlos- es renunciar al principal elemento de defensa de nuestro sistema constitucional.
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