estado de alarma

El pasado 14 de marzo se cumplía un año desde la declaración del primer estado de alarma motivado por esta pandemia, que en esa fecha ya se extendía de forma imparable en nuestro país y en el mundo. Desde entonces, más de 100.000 muertos en España, según el INE, constituyen ya de por sí un dato escalofriante, y una trágica cifra que, en un mismo año, creo que no había sido alcanzada antes por una única causa, al menos desde la guerra civil. El mundo entero ha entristecido por los efectos de este virus, más lesivos que cualquier otro recuerdo de esta generación, al menos en occidente. Y es verdad que, en mayor o menor medida, todos los países se han visto afectados y, desde luego, ningún Gobierno podría haber parado o minimizado la expansión de la pandemia. Pero sería injusto utilizar este argumento para tapar las muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, la inadecuada gestión de tantos aspectos de la pandemia, e incluso, ya en el ámbito más jurídico, la inexplicable inacción en ámbitos que estaban claramente necesitados de una mejor regulación, como la legislación electoral, la regulación legal de los estados excepcionales, o la propia legislación sanitaria, cuyas carencias se apuntaron ya desde los primeros meses de la pandemia. Basta recordar la inexplicable autorización de numerosos eventos multitudinarios en una fecha tan avanzada como el 8 de marzo de 2020; la falta de previsión oceánica de quienes calcularon que no tendríamos “más allá de algunos casos”. O las titubeantes explicaciones sobre los medios de protección, como las mascarillas, que pasaron de no resultar recomendables, a considerarse obligatorias en cualquier lugar, incluso en el caso de personas en solitario en espacios abiertos (por no decir las vacilaciones sobre el tipo de mascarilla más recomendable). Hemos tenido, sobre todo en el primer estado de alarma, algunas de las medidas más restrictivas del mundo, pero nuestras estadísticas nunca han sido buenas. Claro que hay personas que incumplen las normas, pero, por un lado, me niego a creer que sean una mayoría, y por otro, eso no habla muy bien de unos poderes públicos incapaces de convencer de lo que es necesario y, si es preciso, imponerlo. Como siempre digo, ningún Estado se sostiene sin coacción, pero tampoco ninguno puede sostenerse solo con la coacción.

En el ámbito más jurídico-político, la excepción parece haberse convertido en normalidad. Desde aquel 14 de marzo, más de la mitad de los días hemos estado bajo distintos estados de alarma. Aparte de algunas dudas que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, pasamos primero de la centralización y las prórrogas quincenales, a este último estado de alarma de seis meses casi sin control, en que se centraliza para delegar poderes en las Comunidades Autónomas, y finalmente, se tratan de eliminar las diferencias entre ellas a través de una Conferencia Interterritorial que emana por consenso normas que no se publican y nadie sabe qué posición ocupan en el ordenamiento jurídico… En fin, solo nos quedan la paciencia y la esperanza.