Traspasar la frontera

En este mismo espacio he venido desde hace tiempo señalando la degradación que se viene produciendo en la renovación de instituciones constitucionales esenciales, como el Consejo General del Poder Judicial, y especialmente el Tribunal Constitucional. Me suelen preguntar cómo podría evitarse eso con reformas jurídicas, y no es fácil, aunque alguna idea cabe aportar. Pero hoy el tema no es ese, sino más bien cómo de ninguna manera se va a evitar ese problema, sino que se va acrecentar, dando carta de naturaleza a esa degeneración e intensificándola hasta dañar, acaso de forma irreparable, a las instituciones esenciales del Estado de Derecho. Demasiadas veces he dicho que no hay nada que vaya tan mal que no pueda empeorar, y es lo que estamos viendo. En esta línea, el actual intento de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional me parece abiertamente inconstitucional en algunos aspectos, pero además es probablemente el mayor “jaque” a la independencia del Tribunal Constitucional que hemos vivido desde su creación. Algunos colegas (todavía muy pocos) han denunciado públicamente este abuso; muchos más lo vienen haciendo en privado. Aún no he leído ninguna defensa que entre en el fondo del asunto, aunque… de todo encontraremos.

Aquí solo me queda apuntar telegráficamente los importantes quebrantos que plantea esta operación: el procedimiento se lleva a cabo en una enmienda a una ley que nada tiene que ver con el tema, en evidente contradicción con la clara doctrina del propio Tribunal Constitucional sobre la cuestión; el intento de legitimar una renovación parcial de solo una sexta parte de los magistrados constitucionales, por mucho que lo pueda recoger una futura ley, es abiertamente contrario a la Constitución; privar al mismo Tribunal Constitucional del poder de verificación de ciertos requisitos que deben cumplir los magistrados entrantes afecta de lleno a una de sus funciones esenciales, y convierte a los órganos proponentes en los únicos garantes de la corrección de la propuesta; la regulación de un nuevo procedimiento para que el CGPJ elija a los dos magistrados del TC que le corresponden directamente bloquea las opciones de consenso para imponer las cuotas, ataca al propio CGPJ y probablemente a los derechos de sus vocales; las amenazas penales para los vocales son tan insostenibles como si hubiera que exigírselas a los propios diputados cuando han tardado a veces gasta tres años en la renovación que les corresponde. En conjunto, la propuesta traspasa esa frontera que separa la (ya de por si preocupante) rebaja de la calidad del funcionamiento institucional, del ataque a la esencia más medular del Estado de Derecho. Si no se para ahora, es muy posible que la misma reforma logre asegurar que todo esto no se corrija nunca.

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