La Universidad no debe ser gratis

A todos nos gusta acceder gratuitamente al mayor número posible de bienes y servicios, y es indiscutible que la educación es un derecho fundamental. Por ello, prima facie parecería que la propuesta de que las enseñanzas universitarias oficiales sean gratuitas iría en la línea correcta y habría de merecer una valoración positiva. Sin embargo, creo que un examen más detenido sugiere lo contrario. Para empezar, el concepto “gratis” es engañoso, porque si en un Estado social todo derecho es prestacional (o tiene dimensiones de este tipo), eso quiere decir que todo derecho tiene un coste, de manera que solo deberíamos hablar de distintas formas de afrontar ese coste. Puede afrontarlo el beneficiario de la prestación, bien o servicio, podemos pagarlo entre todos, o se puede buscar una fórmula mixta, por ejemplo con una subvención parcial. Cada solución tiene sus ventajas e inconvenientes. Y es verdad que, en materia de derechos fundamentales, la tendencia a que quien lo ejerce no se vea sometido a afrontar personalmente el coste responde a argumentos razonables. Pero ni se puede universalizar, ya que los presupuestos no lo podrían afrontar, ni siempre ha de ser la más justa, ya que frente a un derecho hay otros derechos, bienes y valores constitucionales, así como las garantías que también tienen su coste. Y siendo imposible maximizar a la vez todos ellos, lo que se pone a unos se ha de quitar necesariamente a otros. Los presupuestos son una “manta corta” que nunca nos llega a cubrir del todo, y cuanto más tiremos de un lado, menos alcanzará por otro. Podríamos pensar en qué parte de los Presupuestos Generales del Estado revierte en beneficio de derechos fundamentales, pero un análisis riguroso nos llevaría a pensar que la inmensa mayoría, incluyendo no solo sanidad o educación, sino también justicia, pensiones, función pública, o incluso Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Defensa, si apreciamos muchas de las actuaciones que llevan a cabo…

Pero ni siquiera todo lo anterior es el argumento principal, ni podría servir para desvirtuar la justa y generalizada reclamación de que en España se invierte poco en investigación y Universidad. La cuestión es que, en el caso concreto de la enseñanza universitaria, se trata de un nivel no obligatorio, que debe ser siempre accesible para todos, pero que es también compatible con la libre elección de profesión u oficio, que puede llevar a algunas personas a la legítima opción de no llevar a cabo estudios universitarios. No me parece que la solución más justa es que si estas personas, que podrían estudiar en la Universidad pero prefieren otra opción, encuentran trabajo y contribuyen con sus impuestos a los gastos públicos, tengan que sufragar de algún modo la enseñanza voluntaria de los demás. Por otro lado, tampoco parece la idea más equilibrada, no en realidad acorde con la idea de igualdad real o material, el ofrecer esta prestación totalmente gratis a todo el mundo, cuando resulta manifiesto que muchas personas pueden afrontar una parte del coste del servicio público de la enseñanza universitaria. Esa igualdad requiere dar más al que más lo necesita (por ejemplo, incluyendo si procede ayudas para materiales o transporte), y menos al que tenga menos necesidad.

Por ello, creo más bien que es preferible una fórmula mixta, en la que los poderes públicos subvencionan la mayoría del coste de una plaza universitaria, pero el beneficiario contribuye también en parte a su financiación; unida, desde luego, a un buen sistema de becas que posibilite que las personas carentes de los recursos necesarios para afrontar esa matrícula no se vean por ello privadas del acceso a los estudios universitarios. En qué medida el sistema que tenemos en España se aproxima más a esta fórmula o conviene reforzar más algunos de sus elementos, es algo que sin duda hay que valorar. Por lo demás, el Derecho Comparado ofrece muchas alternativas, pero creo que la gratuidad total es la menos frecuente. Por estos motivos, entre otros, no me parece que esa sea la línea a seguir.