renovación TC

Al fin hemos tenido “fumata blanca”, al menos en lo que atañe a la renovación parcial del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Es una buena noticia, porque no es de recibo que haya que esperar años para que se produzca una renovación que debería llevarse a cabo habitualmente sin tantos sobresaltos, especulaciones y retrasos. Queda pendiente, y esperemos que no por mucho tiempo, el Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, que es obviamente lo que más nos viene importando aquí, las cuatro personas que entran son inequívocamente juristas de reconocida competencia (como también lo eran otras que estuvieron hasta el final “en las quinielas”), y tienen obviamente más de quince años de ejercicio profesional, así que constitucionalmente poco más hay que decir. Algunos medios se han apresurado a decir que son personas muy próximas a los partidos que los han propuesto, o incluso en algún caso a otro de los partidos en el Gobierno. No sé, pero la verdad es que en este momento no doy ninguna importancia a eso, pues hay destacados ejemplos de magistrados cuya proximidad al Gobierno o a algún partido fue muy destacada en su momento -incluso entre los que nombró el propio Gobierno, o incluso personas que previamente habían sido diputados de un partido político- y que luego han demostrado, de forma acaso más inequívoca que otros, su incuestionable independencia.

Lo anterior obedece a que la independencia es, por encima de otras consideraciones, una cualidad subjetiva. Pero como en términos jurídicos y políticos, es muy necesario objetivarla, se estableció este sistema de mayorías cualificadas, y lo que pasa -tantas veces lo he dicho y escrito ya- es que la forma que han tenido los partidos de gestionarlo no ha ido, y acaso en esta renovación tampoco, en la línea del espíritu de la Constitución, que es la del consenso sobre cada magistrado, que tendería a candidatos más moderados e independientes, sino a la de un reparto de cuotas (aunque luego se haya introducido la perversa idea de la posibilidad de veto, que nunca sería exactamente tal), que más bien tiende a candidatos “próximos”. Dicho esto, yo confío en que los cuatro nuevos magistrados no olviden aquello que alguien dijo en una ocasión -y disculpen que no sepa citar al autor- de que el primer deber de un magistrado constitucional es “ser desleal con quien le ha nombrado”. Aquí seguiremos, si Dios nos da vida y salud, señalando los problemas de la justicia constitucional, criticando sus sentencias (que es casi nuestro trabajo), pero defendiendo siempre la legitimidad de la institución frente a ataques a veces muy injustos, que en ocasiones proceden de aquellos que, cuando cambian las supuestas “mayorías”, olvidan de repente todas esas críticas.