Quizá sea por el protagonismo del aniversario de nuestra Constitución, pero me parece que por aquí ha pasado algo más desapercibido otro que, desde luego, no es menos importante: el pasado día 10 de diciembre se han cumplido 70 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya redacción hay que destacar el papel de Eleanor Roosevelt, que presidió el Comité de Redacción, y de René Cassin, quien efectivamente redactó el primer texto. Con la perspectiva de estas décadas, puede apreciarse sin ningún género de dudas la trascendencia de este hito histórico para la humanidad. Aunque había algunos antecedentes en la obra de la Sociedad de Naciones en la época de entreguerras (o, más remotamente, en el Derecho Internacional Humanitario del siglo XIX), y aunque desde su plasmación en las primeras declaraciones francesas y norteamericanas que abrieron la Edad Contemporánea, los derechos se proclamaban de “todos los hombres”, en realidad la de 1948 es la primera declaración de derechos de contenido, propósito y alcance universal. Ciertamente, entonces Naciones Unidas estaba compuesta por muchos menos Estados, y ni siquiera todos votaron a favor: hubo 48 votos favorables y ocho abstenciones. Ello, en sí mismo, ya suponía un éxito teniendo en cuenta las dificultades para alcanzar determinados consensos entre los dos bloques que ya empezaban a formarse (países occidentales y países del este o comunistas). Pero más allá de ese dato, puede decirse que la universalidad (en sentido geopolítico) de esta declaración se manifiesta, siete décadas después, en que nunca jamás -que yo sepa- ningún Estado, ni entre los que componían ese momento Naciones Unidas, ni entre los muchos más que han ingresado después -sobre todo por efecto de la descolonización- ha objetado formal u oficialmente su contenido. Es, sin duda ninguna, lo más parecido a un consenso universal sobre lo que deben ser los derechos humanos.

70 años de derechos universales

Ese dato sirve para destacar el gran valor de este texto. Me atrevo a decir que, solo por este texto ( al que hay que añadir los tratados internacionales posteriores, que de algún modo fueron su consecuencia o desarrollo), y por el papel que ha tenido desde entonces como incuestionable “parámetro ético universal” ya se justifica la labor de la ONU, tan cuestionada y cuestionable por otros aspectos. Ante esta circunstancia, se empequeñece la trascendencia de las críticas que legítimamente pueden hacerse al documento, y que se centrarían, desde luego, en su ausencia de valor jurídico. Ello se corrigió en parte con los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos Sociales y culturales, auténticos tratados firmados en Nueva York en 1966, aunque el problema que tienen (común a otros textos internacionales en la materia) es la escasez de garantías eficaces. En cualquier caso, si la cruz de la esta declaración es que, obviamente, no ha servido para impedir de una vez, y en todo momento y lugar, las vulneraciones de derechos, la gran “cara” es que ha permanecido como criterio compartido por todos para saber cuándo hay una violación de derechos.

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He escrito y dicho “alguna cosa” sobre la Constitución y su reforma en los últimos   años; y sobre su cuadragésimo aniversario, llevo ya más de un año expresando mi valoración. Así que, para ser sincero, había pensado dedicar a cualquier otro tema esta semana en que efectivamente se cumplen cuatro décadas desde el referéndum en el que masivamente fue ratificada por el pueblo; no tanto por “tomarme vacaciones” (bien saben mis lectores que esta columna es quizá la única actividad que no abandono nunca), sino por no resultar reiterativo, ni cansar más de la cuenta. Pero he aquí que hace algunos días llegó a mi poder un libro excelente y delicioso, titulado “Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional”, editado por Alianza en este mismo año 2018, y del que es autor mi colega y amigo Roberto Blanco Valdés, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Decidí darle prioridad sobre la siempre repleta pila de libros que tengo para leer, porque el tema y el índice me sugerían una obra del mayor interés, y también porque sigo al autor, y todo lo que ha escrito me ha gustado y me ha servido para aprender. Para el que tenga interés, y entre tantos otros trabajos, casi siempre en Alianza, está el imprescindible y magnífico “El valor de la Constitución”,  pero también “La construcción de la libertad”, “Nacionalidades históricas y regiones sin historia” o “Los rostros del federalismo”.

Luz tras las tinieblas

Luz tras las tinieblas

Pero “Luz tras las tinieblas” es una recomendación especialmente oportuna para este momento y este espacio, porque su autor -como suele hacer- se logra explicar combinando magistralmente el absoluto rigor académico y la claridad expositiva. La sencillez y la claridad del lenguaje hacen que la obra sea perfectamente comprensible por no juristas, e incluso yo creo que está principalmente dirigida a personas con inquietudes por el tema, pero no especialistas en él. Sin desvelar más, debo decir que comparto con el autor buena parte de su enfoque, según el cual “la democracia actual ha sido, sin ningún género de dudas, la de más alta calidad de nuestra historia. Y la España constitucional posterior a 1978, la mejor España que jamás haya existido” (p. 51). Y si bien hay no pocas cosas que pueden mejorarse -y reformarse-, la reforma territorial que se necesita no resolvería el principal problema que tenemos, porque -no se puede decir más claro- “eso que se llama encaje territorial no puede funcionar si hay fuerzas políticas cuyo éxito depende de una sociedad desencajada” (p. 253). En fin, este 6 de diciembre no me apetecía volver a repetirme con críticas y valoraciones. Pero sí “sentir” esta fiesta, y sentir también que la inmensa mayoría de mis compatriotas comparten mi sentimiento, saben que hay motivos para celebrar, porque, tras demasiado tiempo de “tinieblas” nuestra carta magna nos trajo la luz. La lectura de este libro de Roberto Blanco sin duda les hará disfrutar, y entender la verdadera justificación de esta fiesta, en la que tantos motivos tenemos para compartir la satisfacción de sabernos parte de una misma comunidad, cuyo fundamento es -¡ahora sí!- una sólida democracia y los derechos humanos.

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Como soy fan del grupo Queen, no podía dejar de ver la película “Bohemian rhapsody”; pero por esa misma condición, fui a verla con un cierto escepticismo, temiendo que la recreación no me pareciera lo suficientemente auténtica, especialmente en el caso concreto de Freddie Mercury, quien fue un personaje irrepetible. Pues bien, no solo no salí decepcionado, sino que la película superó mis expectativas. En primer lugar, cada gesto, cada característica del estilo personal del mítico cantante, y de los demás miembros del grupo, parece haber sido estudiado meticulosamente, y reproducido con maestría y total credibilidad, no solo por el protagonista Rami Malek, sino también por los demás actores. Por otro lado, se ha logrado una increíble similitud con la voz de Mercury, si bien en este caso la del actor se ha mezclado con algunas demos originales, y sobre todo con la de Marc Martel, cuyo timbre es asombrosamente parecido al del cantante de Queen. Con todos estos ingredientes, la película logra uno de esos “milagros” que solo el cine puede conseguir, y es trasladarnos a aquellos momentos y lugares que ya son por definición físicamente irrepetibles, como por ejemplo aquel antológico concierto en Wembley. Gracias a la música y a las espectaculares imágenes, podemos sentirnos como se sintieron quienes allí estuvieron. Solo esto sería motivo para ir a verla.

Pero es que, además, la música del grupo tiene una presencia justa, suficiente para disfrute del espectador, pero no tanto que anule o desdibuje la narración de una historia. Una historia -la del grupo Queen y el propio Mercury- que no por conocida es menos interesante. El largometraje describe y profundiza en el personaje de Mercury y en los demás del grupo, y así nos muestra la siempre compleja relación con sus padres; las dificultades que tuvo para llegar a ser quien quería ser, y sobre todo, esa abrumadora y aplastante soledad de quien tuvo una mujer en su vida, pero no pudo compartir plenamente su vida con ella; y muchos hombres, que probablemente no le llenaron como aquella otra relación. Y nos transmite también las vicisitudes de este conjunto único: rompedores cuando ser rompedor tenía mérito (y tenía sentido), originales, entregados a la experimentación y la hibridación y, desde luego, radicalmente innovadores. Freddie Mercury fue, sin duda, el líder indiscutible de Queen; sin embargo, él mismo tuvo que comprobar, tras sus años en solitario, que él no era Queen. Queen fue una obra colectiva e irrepetible, y el éxito de su música -que llega intacto hasta nuestros días- y el de la propia película, nos muestra el valor de este grupo, para el cual vivió Freddie la mayor parte de sus días. Persona y personaje se funden así hasta el punto de confundirse. Gran película que logra mostrarlo. No se la pierdan.

Bohemian rhapsody

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Somos muchos los que llevamos años explicando (y denunciando) que el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (y de ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional) ha ido degenerando en la práctica. Y ello fundamentalmente por dos motivos: la exigencia de mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado, pensada para conseguir candidatos de consenso entre los partidos mayoritarios, se ha ido utilizando, cada vez más, como un reparto de “cuotas” entre dichos partidos, lo que provoca que, en lugar de proponer candidatos moderados, independientes, y carentes de vínculo político conocido, las cámaras han ido proponiendo, cada vez más, a aquellos candidatos que los partidos consideraban “próximos”, por los motivos que fueran. Eso no quiere decir que algunos de estos candidatos no hayan sido buenos juristas, o que luego no hayan sido independientes, pero en términos generales, el reparto por cuotas ha sido nefasto desde la perspectiva de la neutralidad y de la deseable apariencia objetiva de independencia de las instituciones afectadas. Lo peor no ha sido que los medios, con un lenguaje rechazable, hablasen de jueces” progresistas” o “conservadores”, sino que, con contadas y loables excepciones, en casos polémicos y políticamente sensibles, demasiadas veces los vocales o los magistrados han actuado “como se esperaba de ellos”. El segundo motivo de “perversión” es que los partidos negociaban también la presidencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, algo inadmisible porque no les corresponde. Pero, de nuevo, lo lamentable es que el resultado de esa negociación parecía casi siempre ser “acatado” por los vocales o los magistrados del TC. Así que, si malo ha sido el comportamiento de los partidos, no siempre podemos decir que los jueces y juristas nombrados se hayan apartado claramente de ese “juego”… y eso es bastante peor.

Dicho lo anterior, aunque como digo muchos hemos venido criticando no tanto el sistema, sino aquello en lo que su práctica ha degenerado, para ser sincero yo no tenía demasiadas esperanzas de que la cosa fuera a cambiar mucho, ya que, como se ve, casi todos participan en el “juego”, e incluso alguno de los partidos representantes de la “nueva política” no ha tardado nada en entrar y exigir su “cuota”. Sin embargo, creo que el gesto de esta semana del juez Marchena abre la puerta a un cambio de panorama. Aunque tenga sentido repensar la regulación de la elección de estos órganos, creo que lo más importante es volver al espíritu de la regulación actual: fuera cuotas, fuera repartos, fuera vetos. Y nunca más los partidos deberían volver a elegir lo que no les corresponde. Con su renuncia a presidir el Tribunal Supremo (lo que sin duda es un sacrificio importante), Marchena ha hecho lo que muchos otros antes no hicieron: respetarse a sí mismo y respetar la función y la independencia judicial. Y, además, abre el camino para que los partidos no se atrevan a volver a actuar del mismo modo. Ojalá que así sea.

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Hace unos días, y con gran solemnidad, se conmemoraba en París el centenario de armisticio que puso fin a la primera guerra mundial. Está bien que estos acontecimientos se recuerden, con la perspectiva que da un siglo, pues de ahí se pueden extraer muchas enseñanzas. Las guerras, como de todos los hechos históricos, se pueden analizar desde muy diversas perspectivas, y en estos días no han faltado muestras de ello. A mí, como supondrán los lectores que me conocen y siguen, me interesa especialmente la visión jurídico-política. Con este enfoque, la primera guerra mundial supuso el fin de una etapa y el inicio de otra, que sin embargo solo muy costosamente logró abrirse camino, tras décadas de crisis y una segunda guerra, todavía más cruenta. Con la primera guerra mundial cayeron imperios, como el austrohúngaro, y el mapa de Europa se transformó profundamente. Pero además, en estas fechas, el modelo de Estado liberal que había nacido en la Revolución Francesa entraba ya en crisis profunda e irreversible. Lo que sucede es que, lamentablemente, las alternativas que en esa época surgieron al mismo condujeron a un callejón sin salida, a sistemas totalitarios y a la negación absoluta de los derechos que aquel Estado había aportado. Un año antes del fin de la primera guerra, la revolución rusa daba inicio a la implantación de un sistema totalitario de corte comunista. Y en la difícil Europa de entreguerras, pocos años después, y marcados por una profunda crisis económica, el continente contempló el auge del fascismo italiano y el nacionalsocialismo en Alemania, entre otros totalitarismos.

Afortunadamente, de forma más o menos paralela, aquel Estado liberal en crisis se fue también “regenerando” para convertirse en un Estado social y democrático. Los constitucionalistas siempre citamos las Constituciones de México en 1917, Weimar en 1919 o España en 1931, antecedentes del auge del constitucionalismo social tras la segunda guerra mundial. Pero también habría que citar el “New Deal” de Roosevelt y el origen del llamado “Welfare State”. Fue así como, entre las cenizas de aquella guerra, surgió también el proceso por el que a los valores de separación de poderes y derechos humanos se les añadieron los principios social y democrático. Hoy, un siglo después, tratamos de salir de una dura crisis, que es la de ese Estado social, nunca del todo implantado, frente a la globalización. Pero si miramos atrás, también podemos estar algo satisfechos porque, aunque siempre frágil y nunca acabada, hemos construido una Europa (casi) sin fronteras y un mundo donde estos nuevos valores, aunque demasiadas veces ignorados o no del todo satisfechos, son un parámetro irrenunciable.

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En la mayor parte de los países del mundo, las banderas oficiales ondean normalmente en muchos edificios y espacios públicos, y también muchos ciudadanos las muestran con orgullo en lugares visibles. Pero ya sabemos que, por desgracia, España es en este punto un tanto peculiar, y en algunos lugares es casi una actividad de riesgo mostrar la bandera nacional; y en otros, incomprensiblemente, algunos opinan que la utilización de esa bandera constituye “apropiación” de los símbolos nacionales. Algo muy difícil de explicar, dado que de la bandera (o de objetos que incluyan la bandera) se pueden hacer todas las copias que se quieran, así que su uso por uno no impide el que lo usen los demás. Por poner un ejemplo, y aunque parezca un poco paradójico, en cualquier tienda “de los chinos” se puede conseguir casi cualquier bandera a precios muy accesibles. El caso es que, lamentablemente, ya no sorprende que algunos, en algunos lugares, se molesten porque otros convoquen actos con gran presencia de la bandera nacional, ni siquiera -como sucedió hace unos días en Alsasua-, cuando esta va acompañada de la bandera navarra y la de la Unión Europea. En esto de los símbolos, creo que la mejor opción es nunca imponer, nunca prohibir, y aunque en algunos casos cabría entender la prohibición de algunos símbolos en determinados espacios públicos, desde luego eso nunca afectaría a los símbolos oficiales. Si el acto tiene como objetivo principal defender a la guardia civil, precisamente en el lugar en que algunos miembros de este cuerpo han tenido que soportar, no hace mucho tiempo, agresiones, hay que admitir que no sorprende que a algunos les moleste.

Pero en una sociedad democrática mínimamente sana, el que algo tan legítimo como el ejercicio respetuoso de las libertades de manifestación, ideológica y de expresión pueda molestar a algunos, no es, ni mucho menos, motivo para no hacerlo. Si a algunos les molesta, deben respetarlo, porque la libertad de expresión ampara incluso manifestaciones molestas para la mayoría como, en ciertos contextos, la quema de banderas. Dicho esto, tampoco hay que hacerse el sorprendido porque a algunos, a quienes molesta un acto como el celebrado en Alsasua, protesten, lo que podrían hacer legítimamente siempre que ello no implique boicotear o impedir el propio acto. Pero incluso que recurran a lo que no es legítimo, por desgracia ya tampoco nos sorprende. Que arrojen piedras los simpatizantes de los que antes disparaban balas o ponían bombas, entra dentro de lo que cabía imaginar. Que a la fuerza toquen las campanas para impedir que se escuche el discurso, es muy triste, pero no sorprendente en cierta gente. Llama, en cambio, más la atención el que un representante del partido que apoya al Gobierno de España, cuestione el acto y diga que en él participan quienes no tuvieron que hacer frente a ETA (basta mencionar la presencia de Fernando Savater para desmontar semejante ofensa a esta y otras victimas y personas amenazadas). Ahora bien, lo que supone algo absolutamente inesperado, es que todo un ministro del Gobierno, en lugar de defender inequívocamente a quienes ejercían sus derechos fundamentales frente a quienes violentamente trataron de impedirlo, sugiera que el acto era una provocación tendente a generar crispación. Que algún sector de la sociedad tenga una concepción tergiversada, retorcida y enfermiza de lo que se puede y no hacer, es un problema, pero no es fácil evitarlo. Pero que esa concepción se comparta desde el Gobierno, es mucho más que un síntoma: es la prueba de que algo muy grave está sucediendo aquí cuando el Gobierno sugiere que hay que aceptar que en algunos lugares de España, los españoles orgullosos de serlo deben callar y aceptar la imposición de quienes no solo no respetan los símbolos comunes, sino tampoco el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás.

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En 1910, el Gobierno de Canalejas encomendó al marqués de la Vega Inclán el proyecto de crear una red pública de hoteles de calidad, que sirviera para ofrecer alojamiento a viajeros, al tiempo que ayudase a mejorar la imagen internacional de nuestro país y sus infraestructuras. El turismo todavía no existía como hoy, pero esa iniciativa contribuyó de algún modo a su desarrollo, y fructificó en 1928 con la apertura del primer parador, ubicado en la sierra de Gredos, en el emplazamiento que había elegido el propio rey Alfonso XIII, quien lo inauguró el 9 de octubre. Desde entonces, y con distinta intensidad según los momentos, la red no ha hecho sino ampliarse, hasta situarse actualmente algo por debajo de los cien establecimientos. Entre ellos hay muchas diferencias: encontramos castillos, palacios, conventos, o edificios de nueva construcción; establecimientos en el centro de localidades históricas, lejos del centro, pero con vistas espectaculares de este, o en plena naturaleza; de amplia capacidad o mucho más recogidos… Pero sí cabe identificar, de forma muy notoria, algunas ideas o “estilo común” de los paradores: establecimientos de calidad, confortables, que ofrecen al viajero tranquilidad, relajación, arte, cultura, o naturaleza. Y aunque el formato jurídico e institucional ha variado, hasta la gestión actual a través de una sociedad anónima, siempre se ha mantenido la garantía y la gestión pública, y de hecho la actual sociedad tiene como accionista único a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Un modelo sin duda original, pero que ha permitido llevar a cabo una labor de conservación, rehabilitación, e incluso reconstrucción del patrimonio histórico, que muy difícilmente se habría podido acometer íntegramente desde el sector privado.

90 años de paradores

Estoy aún algo lejos de haberme alojado, o al menos comido, en el casi centenar de paradores, pero reconozco que “completar” ese recorrido es una aspiración o deseo que poco a poco me gustaría ir completando. De los que conozco, ninguno me ha decepcionado, y en general me han permitido disfrutar al tiempo que ampliaba mis conocimientos sobre nuestra historia y nuestra cultura. Es bonito pensar que muchos de estos edificios fueron, como castillos, conventos, monasterios o palacios, testigos de los más variados acontecimientos. Y también que, en su moderna historia como paradores, han presenciado hechos de gran importancia. Por poner un solo ejemplo -que como constitucionalista no puedo omitir- el edificio que se inauguró en Gredos en 1928 albergó, medio siglo después, las reuniones de los siete ponentes para redactar el texto de nuestra vigente Constitución. Hoy una agradable sala con vistas a la sierra, bautizada como “salón de los ponentes” lo recuerda con una placa. Y no es nada difícil imaginar que la tranquilidad del lugar, así como algún que otro chuletón, judiones, y otros suculentos ejemplos de nuestra gastronomía, regados con buenos caldos de la zona, contribuirían sin duda a que se alcanzase el ejemplar consenso…

Los emblemáticos leones que podemos encontrar flanqueando la entrada del Congreso de los Diputados, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, tienen una historia curiosa. Aquí no procede que me detenga en ella, pero cabe al menos apuntar que son la tercera pareja de leones que se diseñó para este lugar, y que fueron obra del escultor Ponciano Ponzano, elaborados con el material de los cañones obtenidos en la batalla de Wad-Ras, en 1860. Llevan ahí desde 1865, y los madrileños –y todos los españoles- los han identificado con los capitanes Daoiz y Velarde, considerándolos un homenaje al valor de estos militares en los hechos del 2 de mayo de 1808, y por extensión un emblema de la fuerza y el coraje. Ahora me quiero detener en el hecho de que uno de ellos (el que mira a la izquierda, si nos situamos dejando la fachada del edificio a nuestra espalda) carece de testículos. La explicación de este hecho no está muy clara: tal vez se acabó el metal de los cañones, o la pieza se desprendió en algún momento. Tanto es así que en el año 2012 el Canal Historia inició una campaña para restituir los testículos al león.

De leones, leonas… y otros

De leones, leonas… y otros

Pero hay también una segunda teoría que acaso explique mejor esta ausencia: puede que los leones sean los mismos que los que tiran del carro de la diosa Cibeles, representados no muy lejos en la famosa fuente madrileña. Según la mitología, Atalanta se casaría con el hombre que lograra vencerla en una carrera, lo que consiguió Hipómenes gracias a que Atalanta se agachaba a recoger unas manzanas encantadas que él tiraba, y que a su vez le regaló Afrodita. El caso es que la pareja, feliz y enamorada, hacía el amor en el templo de la diosa Cibeles cuando esta los descubrió, los convirtió en leones y los castigó a tirar eternamente de su carro, sin mirarse. Si los leones del Congreso son también, como los de la Cibeles, Hipómenes y Atalanta, está justificada la ausencia de testículos en esta. Por lo que he podido leer, no he logrado confirmar esta teoría; acaso algún amable lector pueda ofrecer información a favor o en contra. En cualquier caso, si el ejemplar sin testículos es Atalanta, sería una leona con melena, lo cual sería algo extraño… pero también se produce en la fuente de la Cibeles. Sea lo que sea, no hay que hacer ninguna campaña para corregir nada. Siempre explico que la democracia es la decisión de la mayoría, pero también el respeto a toda minoría. Por lo demás, para simbolizar el coraje no hace ninguna falta recurrir a la testosterona. León sin testículos, leona con melena, leónx… su presencia a las puertas de la sede de la soberanía popular desde hace más de siglo y medio es una silenciosa llamada a la tolerancia, la igualdad, y el respeto a la diferencia y la singularidad.

Antes de que mis lectores piensen que se me va la cabeza (o que el dedo se ha equivocado de tecla), aclaro que el título de esta semana se refiere a la Constitución francesa, y no a la española, de cuyo 40º aniversario quizá digamos algo en otro momento, procurando no cansar demasiado… El caso es que la Constitución que inauguró la V República en nuestro país vecino entró en vigor en octubre de 1958, y fue una de las referencias que pudo considerar nuestro constituyente, aunque su influencia sobre nuestro texto queda muy por detrás de la alemana (a través de la Ley Fundamental de Bonn de 1949) y de la italiana, cuya Constitución también celebra “números redondos”, ya que entró en vigor el 1 de enero de hace ahora 70 años. Sin embargo, la Constitución francesa de 1958, y quizá más aun sus 60 años de aplicación, nos ofrecen enseñanzas del mayor interés.

General Charles de Gaulle in 1945

General Charles de Gaulle in 1945

Es un texto atípico que se preparó como reacción al fracaso de la IV República (inaugurada en la Constitución de 1946), ya que el acentuado parlamentarismo de esta última generó una notoria inestabilidad de los gobiernos, que acaso en Francia no supieron manejar con la destreza de los italianos. Nos encontramos así con la creación de un nuevo modelo, ni totalmente parlamentario ni totalmente presidencialista, un modelo mixto en el que el elemento presidencialista se acentuó muy pronto (en 1962 una reforma introdujo la elección directa del presidente de la República), y en el que el primer ministro y su gobierno se someten a un sistema de “doble confianza” (la de la Asamblea y la del presidente), pero que ha evolucionado mucho dando lugar a períodos muy diferentes, siendo de destacar incluso la posible “cohabitación” de un presidente de la República de un signo político con un ministro de otro. La Constitución de 1958 está obsesionada por fortalecer al poder ejecutivo, introduciendo así otra novedad significativa, como es la reserva reglamentaria, que impide la regulación de ciertas materias por parte del legislador. Y en buena medida al servicio de esta se creó el Consejo Constitucional, un órgano inicialmente de cierta naturaleza política, aunque ha evolucionado hasta equipararse a la mayoría de los tribunales constitucionales. Lo cierto es que esta Constitución se diseñó de algún modo “a la medida” del general De Gaulle, pero ha evolucionado adaptándose a las circunstancias. No tiene declaración de derechos, pero ello no impide que estos estén reconocidos por el preámbulo (vigente a estos efectos) de 1946, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es un buen ejemplo de que las constituciones, como las leyes, suelen ser más “listas” que quienes las hicieron, pudiendo “crecer” y desarrollarse para afrontar la mayoría de las situaciones que puedan surgir. Aunque ha habido, desde luego, varias reformas, y tampoco faltan algunas voces que hablan de una posible VI República, creo que la Constitución de 1958 goza de buena salud, ya que este texto, y su desarrollo posterior por el Consejo Constitucional, instauran un nuevo modelo de relación entre los poderes, pero heredan y enfatizan unos “valores republicanos” que están firmemente asentados en la sociedad y la cultura política francesas.

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