Hace unos días, y con gran solemnidad, se conmemoraba en París el centenario de armisticio que puso fin a la primera guerra mundial. Está bien que estos acontecimientos se recuerden, con la perspectiva que da un siglo, pues de ahí se pueden extraer muchas enseñanzas. Las guerras, como de todos los hechos históricos, se pueden analizar desde muy diversas perspectivas, y en estos días no han faltado muestras de ello. A mí, como supondrán los lectores que me conocen y siguen, me interesa especialmente la visión jurídico-política. Con este enfoque, la primera guerra mundial supuso el fin de una etapa y el inicio de otra, que sin embargo solo muy costosamente logró abrirse camino, tras décadas de crisis y una segunda guerra, todavía más cruenta. Con la primera guerra mundial cayeron imperios, como el austrohúngaro, y el mapa de Europa se transformó profundamente. Pero además, en estas fechas, el modelo de Estado liberal que había nacido en la Revolución Francesa entraba ya en crisis profunda e irreversible. Lo que sucede es que, lamentablemente, las alternativas que en esa época surgieron al mismo condujeron a un callejón sin salida, a sistemas totalitarios y a la negación absoluta de los derechos que aquel Estado había aportado. Un año antes del fin de la primera guerra, la revolución rusa daba inicio a la implantación de un sistema totalitario de corte comunista. Y en la difícil Europa de entreguerras, pocos años después, y marcados por una profunda crisis económica, el continente contempló el auge del fascismo italiano y el nacionalsocialismo en Alemania, entre otros totalitarismos.

Afortunadamente, de forma más o menos paralela, aquel Estado liberal en crisis se fue también “regenerando” para convertirse en un Estado social y democrático. Los constitucionalistas siempre citamos las Constituciones de México en 1917, Weimar en 1919 o España en 1931, antecedentes del auge del constitucionalismo social tras la segunda guerra mundial. Pero también habría que citar el “New Deal” de Roosevelt y el origen del llamado “Welfare State”. Fue así como, entre las cenizas de aquella guerra, surgió también el proceso por el que a los valores de separación de poderes y derechos humanos se les añadieron los principios social y democrático. Hoy, un siglo después, tratamos de salir de una dura crisis, que es la de ese Estado social, nunca del todo implantado, frente a la globalización. Pero si miramos atrás, también podemos estar algo satisfechos porque, aunque siempre frágil y nunca acabada, hemos construido una Europa (casi) sin fronteras y un mundo donde estos nuevos valores, aunque demasiadas veces ignorados o no del todo satisfechos, son un parámetro irrenunciable.

Fuente de las imágenes:

 

En la mayor parte de los países del mundo, las banderas oficiales ondean normalmente en muchos edificios y espacios públicos, y también muchos ciudadanos las muestran con orgullo en lugares visibles. Pero ya sabemos que, por desgracia, España es en este punto un tanto peculiar, y en algunos lugares es casi una actividad de riesgo mostrar la bandera nacional; y en otros, incomprensiblemente, algunos opinan que la utilización de esa bandera constituye “apropiación” de los símbolos nacionales. Algo muy difícil de explicar, dado que de la bandera (o de objetos que incluyan la bandera) se pueden hacer todas las copias que se quieran, así que su uso por uno no impide el que lo usen los demás. Por poner un ejemplo, y aunque parezca un poco paradójico, en cualquier tienda “de los chinos” se puede conseguir casi cualquier bandera a precios muy accesibles. El caso es que, lamentablemente, ya no sorprende que algunos, en algunos lugares, se molesten porque otros convoquen actos con gran presencia de la bandera nacional, ni siquiera -como sucedió hace unos días en Alsasua-, cuando esta va acompañada de la bandera navarra y la de la Unión Europea. En esto de los símbolos, creo que la mejor opción es nunca imponer, nunca prohibir, y aunque en algunos casos cabría entender la prohibición de algunos símbolos en determinados espacios públicos, desde luego eso nunca afectaría a los símbolos oficiales. Si el acto tiene como objetivo principal defender a la guardia civil, precisamente en el lugar en que algunos miembros de este cuerpo han tenido que soportar, no hace mucho tiempo, agresiones, hay que admitir que no sorprende que a algunos les moleste.

Pero en una sociedad democrática mínimamente sana, el que algo tan legítimo como el ejercicio respetuoso de las libertades de manifestación, ideológica y de expresión pueda molestar a algunos, no es, ni mucho menos, motivo para no hacerlo. Si a algunos les molesta, deben respetarlo, porque la libertad de expresión ampara incluso manifestaciones molestas para la mayoría como, en ciertos contextos, la quema de banderas. Dicho esto, tampoco hay que hacerse el sorprendido porque a algunos, a quienes molesta un acto como el celebrado en Alsasua, protesten, lo que podrían hacer legítimamente siempre que ello no implique boicotear o impedir el propio acto. Pero incluso que recurran a lo que no es legítimo, por desgracia ya tampoco nos sorprende. Que arrojen piedras los simpatizantes de los que antes disparaban balas o ponían bombas, entra dentro de lo que cabía imaginar. Que a la fuerza toquen las campanas para impedir que se escuche el discurso, es muy triste, pero no sorprendente en cierta gente. Llama, en cambio, más la atención el que un representante del partido que apoya al Gobierno de España, cuestione el acto y diga que en él participan quienes no tuvieron que hacer frente a ETA (basta mencionar la presencia de Fernando Savater para desmontar semejante ofensa a esta y otras victimas y personas amenazadas). Ahora bien, lo que supone algo absolutamente inesperado, es que todo un ministro del Gobierno, en lugar de defender inequívocamente a quienes ejercían sus derechos fundamentales frente a quienes violentamente trataron de impedirlo, sugiera que el acto era una provocación tendente a generar crispación. Que algún sector de la sociedad tenga una concepción tergiversada, retorcida y enfermiza de lo que se puede y no hacer, es un problema, pero no es fácil evitarlo. Pero que esa concepción se comparta desde el Gobierno, es mucho más que un síntoma: es la prueba de que algo muy grave está sucediendo aquí cuando el Gobierno sugiere que hay que aceptar que en algunos lugares de España, los españoles orgullosos de serlo deben callar y aceptar la imposición de quienes no solo no respetan los símbolos comunes, sino tampoco el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás.

Fuente de la imagen: https://www.laopiniondezamora.es/multimedia/videos/nacional/2018-11-04-156527-tension-alsasua-acto-apoyo-guardia-civil.html

En 1910, el Gobierno de Canalejas encomendó al marqués de la Vega Inclán el proyecto de crear una red pública de hoteles de calidad, que sirviera para ofrecer alojamiento a viajeros, al tiempo que ayudase a mejorar la imagen internacional de nuestro país y sus infraestructuras. El turismo todavía no existía como hoy, pero esa iniciativa contribuyó de algún modo a su desarrollo, y fructificó en 1928 con la apertura del primer parador, ubicado en la sierra de Gredos, en el emplazamiento que había elegido el propio rey Alfonso XIII, quien lo inauguró el 9 de octubre. Desde entonces, y con distinta intensidad según los momentos, la red no ha hecho sino ampliarse, hasta situarse actualmente algo por debajo de los cien establecimientos. Entre ellos hay muchas diferencias: encontramos castillos, palacios, conventos, o edificios de nueva construcción; establecimientos en el centro de localidades históricas, lejos del centro, pero con vistas espectaculares de este, o en plena naturaleza; de amplia capacidad o mucho más recogidos… Pero sí cabe identificar, de forma muy notoria, algunas ideas o “estilo común” de los paradores: establecimientos de calidad, confortables, que ofrecen al viajero tranquilidad, relajación, arte, cultura, o naturaleza. Y aunque el formato jurídico e institucional ha variado, hasta la gestión actual a través de una sociedad anónima, siempre se ha mantenido la garantía y la gestión pública, y de hecho la actual sociedad tiene como accionista único a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Un modelo sin duda original, pero que ha permitido llevar a cabo una labor de conservación, rehabilitación, e incluso reconstrucción del patrimonio histórico, que muy difícilmente se habría podido acometer íntegramente desde el sector privado.

90 años de paradores

Estoy aún algo lejos de haberme alojado, o al menos comido, en el casi centenar de paradores, pero reconozco que “completar” ese recorrido es una aspiración o deseo que poco a poco me gustaría ir completando. De los que conozco, ninguno me ha decepcionado, y en general me han permitido disfrutar al tiempo que ampliaba mis conocimientos sobre nuestra historia y nuestra cultura. Es bonito pensar que muchos de estos edificios fueron, como castillos, conventos, monasterios o palacios, testigos de los más variados acontecimientos. Y también que, en su moderna historia como paradores, han presenciado hechos de gran importancia. Por poner un solo ejemplo -que como constitucionalista no puedo omitir- el edificio que se inauguró en Gredos en 1928 albergó, medio siglo después, las reuniones de los siete ponentes para redactar el texto de nuestra vigente Constitución. Hoy una agradable sala con vistas a la sierra, bautizada como “salón de los ponentes” lo recuerda con una placa. Y no es nada difícil imaginar que la tranquilidad del lugar, así como algún que otro chuletón, judiones, y otros suculentos ejemplos de nuestra gastronomía, regados con buenos caldos de la zona, contribuirían sin duda a que se alcanzase el ejemplar consenso…

Los emblemáticos leones que podemos encontrar flanqueando la entrada del Congreso de los Diputados, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, tienen una historia curiosa. Aquí no procede que me detenga en ella, pero cabe al menos apuntar que son la tercera pareja de leones que se diseñó para este lugar, y que fueron obra del escultor Ponciano Ponzano, elaborados con el material de los cañones obtenidos en la batalla de Wad-Ras, en 1860. Llevan ahí desde 1865, y los madrileños –y todos los españoles- los han identificado con los capitanes Daoiz y Velarde, considerándolos un homenaje al valor de estos militares en los hechos del 2 de mayo de 1808, y por extensión un emblema de la fuerza y el coraje. Ahora me quiero detener en el hecho de que uno de ellos (el que mira a la izquierda, si nos situamos dejando la fachada del edificio a nuestra espalda) carece de testículos. La explicación de este hecho no está muy clara: tal vez se acabó el metal de los cañones, o la pieza se desprendió en algún momento. Tanto es así que en el año 2012 el Canal Historia inició una campaña para restituir los testículos al león.

De leones, leonas… y otros

De leones, leonas… y otros

Pero hay también una segunda teoría que acaso explique mejor esta ausencia: puede que los leones sean los mismos que los que tiran del carro de la diosa Cibeles, representados no muy lejos en la famosa fuente madrileña. Según la mitología, Atalanta se casaría con el hombre que lograra vencerla en una carrera, lo que consiguió Hipómenes gracias a que Atalanta se agachaba a recoger unas manzanas encantadas que él tiraba, y que a su vez le regaló Afrodita. El caso es que la pareja, feliz y enamorada, hacía el amor en el templo de la diosa Cibeles cuando esta los descubrió, los convirtió en leones y los castigó a tirar eternamente de su carro, sin mirarse. Si los leones del Congreso son también, como los de la Cibeles, Hipómenes y Atalanta, está justificada la ausencia de testículos en esta. Por lo que he podido leer, no he logrado confirmar esta teoría; acaso algún amable lector pueda ofrecer información a favor o en contra. En cualquier caso, si el ejemplar sin testículos es Atalanta, sería una leona con melena, lo cual sería algo extraño… pero también se produce en la fuente de la Cibeles. Sea lo que sea, no hay que hacer ninguna campaña para corregir nada. Siempre explico que la democracia es la decisión de la mayoría, pero también el respeto a toda minoría. Por lo demás, para simbolizar el coraje no hace ninguna falta recurrir a la testosterona. León sin testículos, leona con melena, leónx… su presencia a las puertas de la sede de la soberanía popular desde hace más de siglo y medio es una silenciosa llamada a la tolerancia, la igualdad, y el respeto a la diferencia y la singularidad.

Antes de que mis lectores piensen que se me va la cabeza (o que el dedo se ha equivocado de tecla), aclaro que el título de esta semana se refiere a la Constitución francesa, y no a la española, de cuyo 40º aniversario quizá digamos algo en otro momento, procurando no cansar demasiado… El caso es que la Constitución que inauguró la V República en nuestro país vecino entró en vigor en octubre de 1958, y fue una de las referencias que pudo considerar nuestro constituyente, aunque su influencia sobre nuestro texto queda muy por detrás de la alemana (a través de la Ley Fundamental de Bonn de 1949) y de la italiana, cuya Constitución también celebra “números redondos”, ya que entró en vigor el 1 de enero de hace ahora 70 años. Sin embargo, la Constitución francesa de 1958, y quizá más aun sus 60 años de aplicación, nos ofrecen enseñanzas del mayor interés.

General Charles de Gaulle in 1945

General Charles de Gaulle in 1945

Es un texto atípico que se preparó como reacción al fracaso de la IV República (inaugurada en la Constitución de 1946), ya que el acentuado parlamentarismo de esta última generó una notoria inestabilidad de los gobiernos, que acaso en Francia no supieron manejar con la destreza de los italianos. Nos encontramos así con la creación de un nuevo modelo, ni totalmente parlamentario ni totalmente presidencialista, un modelo mixto en el que el elemento presidencialista se acentuó muy pronto (en 1962 una reforma introdujo la elección directa del presidente de la República), y en el que el primer ministro y su gobierno se someten a un sistema de “doble confianza” (la de la Asamblea y la del presidente), pero que ha evolucionado mucho dando lugar a períodos muy diferentes, siendo de destacar incluso la posible “cohabitación” de un presidente de la República de un signo político con un ministro de otro. La Constitución de 1958 está obsesionada por fortalecer al poder ejecutivo, introduciendo así otra novedad significativa, como es la reserva reglamentaria, que impide la regulación de ciertas materias por parte del legislador. Y en buena medida al servicio de esta se creó el Consejo Constitucional, un órgano inicialmente de cierta naturaleza política, aunque ha evolucionado hasta equipararse a la mayoría de los tribunales constitucionales. Lo cierto es que esta Constitución se diseñó de algún modo “a la medida” del general De Gaulle, pero ha evolucionado adaptándose a las circunstancias. No tiene declaración de derechos, pero ello no impide que estos estén reconocidos por el preámbulo (vigente a estos efectos) de 1946, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es un buen ejemplo de que las constituciones, como las leyes, suelen ser más “listas” que quienes las hicieron, pudiendo “crecer” y desarrollarse para afrontar la mayoría de las situaciones que puedan surgir. Aunque ha habido, desde luego, varias reformas, y tampoco faltan algunas voces que hablan de una posible VI República, creo que la Constitución de 1958 goza de buena salud, ya que este texto, y su desarrollo posterior por el Consejo Constitucional, instauran un nuevo modelo de relación entre los poderes, pero heredan y enfatizan unos “valores republicanos” que están firmemente asentados en la sociedad y la cultura política francesas.

Fuente de las imágenes:

Decía Montesquieu que el poder legislativo ha de estar compuesto por dos cámaras tan separadas como lo permita la naturaleza común de sus funciones. De esta manera, quien fuera una de los primeros teóricos de la separación de poderes, justificaba esta “división interna” en el legislativo como vía para equilibrar y limitar a los propios poderes. Es claro que Montesquieu pensaba en una cámara alta nobiliaria, como es la Cámara de los Lores de los ingleses. Hoy, este tipo de cámara casi no existe en el mundo, e incluso en algunos países hay parlamentos unicamerales (y, por cierto, así son todos nuestros parlamentos autonómicos), pero una segunda cámara suele resultar muy habitual, no tanto con ese perfil estamental o nobiliario, sino representación de los territorios, frente a la “cámara baja”, heredera de la representación de las ciudades o del “tercer estado”, que representa hoy a la población. Y permanece la idea de que un legislativo dividido en dos cámaras facilita el control mutuo y el equilibrio de poderes.

Nuestro Senado, según la Constitución, sería la cámara “de representación territorial” (artículo 69.1). Pero ya es un lugar común en la doctrina, e incluso en los ámbitos político y social, que mal puede cumplir esa finalidad con su actual composición (que mayoritariamente representa a provincias y no a comunidades autónomas) y sus funciones. De ahí que muchos vengamos defendiendo la necesidad de su reforma. Mientras ese momento llega -resultaría obvio decirlo- hay que respetar sus funciones y competencias constitucional y legalmente establecidas. Por lo demás, ha demostrado “no ser tan inútil” como parecía (si me permiten esa forma de expresarme, que resultaría abrupta en un foro más académico). Su papel en el procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución es esencial, y participa en la función legislativa (aunque en una posición un tanto subordinada al Congreso) y también en la función de control, sin que en este ámbito se aprecien diferencias significativas con la cámara baja (dejo de lado la responsabilidad política, que es otra función que monopoliza el Congreso). Los artículos 109 a 111 de la Constitución regulan esta función de control. En concreto, el artículo 110.1 afirma que “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno” y lo más razonable es entender que esa “reclamación” conlleva una obligación por parte del miembro reclamado, ya que lo contrario sería dejar el ejercicio efectivo del control en manos del sujeto controlado. Tratar de eliminar o socavar esta función del Senado sería ignorar lo que dice la Constitución, y desequilibrar nuestro modelo de separación de poderes.

Hace ahora un año, el 3 de octubre de 2017, el rey Felipe VI pronunció el que sin duda ha sido -al menos hasta el momento- el discurso más importante de su reinado. Pero, desde luego, si ese mensaje de seis minutos fue trascendental no es por su significación para la Corona, sino por sus consecuencias para España, y en concreto para Cataluña, que fue, como todo el mundo recuerda, su objeto central. Alguien ha comparado ese mensaje con el del rey Juan Carlos la noche del 23 de febrero de 1981. Dejando ahora de lado similitudes y diferencias, sí puede decirse que ambos casos el rey jugó un papel destacado (aunque desde luego, no único) en la recuperación de la legalidad constitucional, que había sido claramente quebrantada por algunos, que pusieron en jaque al propio sistema constitucional y democrático. Y también, que en ambos casos los monarcas hablaron con una contundencia inusitada. En concreto, en 2017 Felipe VI, refiriéndose a “determinadas autoridades de Cataluña” señaló su “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”, añadiendo que “han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana”, para destacar a continuación su “conducta irresponsable”, todo lo cual suponía “la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña”. Sin embargo, concluyó con un mensaje positivo y esperanzador, señalando a todos los catalanes que todo puede defenderse por las vías constitucionales, y transmitiendo ánimo y afecto a los catalanes preocupados por las actuaciones de sus autoridades, y al conjunto de los españoles, afirmando rotundamente que superaríamos esos difíciles momentos.

Con este discurso, el rey se mantuvo en el papel que tiene un monarca parlamentario, que se sintetiza, según célebre frase inglesa, en la idea del derecho a “ser consultado, animar y advertir”. En efecto, Felipe VI opinó, advirtió y animó. Si ese “golpe” o quebrantamiento constitucional no se consumó -ya que es obvio que la independencia de Cataluña no se ha producido por esa vía rupturista y unilateral- no fue solo por la actuación del monarca. El Gobierno, todas las fuerzas políticas que apoyaron la aplicación del artículo 155, el Tribunal Constitucional, y el poder judicial, al iniciar los correspondientes procesos penales por (presuntos todavía) delitos muy graves, jugaron cada uno su papel en ello. Y sobre todo, una vez más, el pueblo, y en este caso, sobre todo, esa parte mayoritaria del pueblo catalán que siempre ha estado a favor de la permanencia en España y en Europa. Pero esa parte de la población, seguramente reconfortada por el discurso del rey, se hizo a partir de entonces mucho más visible, demostrando que no está dispuesta a aceptar la imposición de unos pocos por encima de la propia Constitución. El mensaje de Felipe VI puso de relieve, dentro y fuera de España, que el conflicto no se produce entre España y Cataluña, sino entre catalanes que piensan de manera diferente, y entre los cuales había que evitar el enfrentamiento que algunos vienen buscando, para sustituirlo por la convivencia “en paz y en libertad”. Algunos dicen que, con este discurso, el rey se granjeó la antipatía de algunas personas en Cataluña. Si eso es cierto, es un coste asumible por el cumplimiento de su deber, y el trascendental papel jugado para defender la convivencia constitucional y democrática. Otros critican que no apeló explícitamente al diálogo. Cabría decir que dicho término podía entenderse incluido en las ideas de “entendimiento” y “concordia” a cuyo servicio se posicionó el rey. En todo caso, dijo lo que era urgente decir en ese momento, porque todo diálogo solo es posible y tiene sentido dentro de los márgenes de la Constitución (lo que, obviamente, incluye su reforma por los procedimientos previstos). Por ello, este discurso está llamado a pasar a la historia, porque seguramente jugó un papel histórico.

Para pronunciarse sobre la conveniencia de suprimir o limitar los aforamientos, conviene entender bien lo que son y por qué existen. Si nos limitamos a asumir que son un privilegio injustificado, o una puerta para que los políticos y otros colectivos no respondan por sus incumplimientos legales, es obvio que habría que suprimirlos de inmediato. Pero los aforamientos, desde luego, no son eso. Los sujetos aforados responden de todos los ilícitos que cometan, y la única peculiaridad que tienen es el que, en el ámbito penal, lo hacen ante un órgano judicial diferente al que correspondería en la generalidad de los casos (caso distinto es el de la inviolabilidad y la inmunidad). Es verdad que esto es un trato desigual, pero no nos resuelve la cuestión de si es o no discriminatorio, porque para ello sería necesario que carezca de una justificación razonable. Por lo demás, en los casos en que están previstos en la Constitución, no caben las “normas constitucionales inconstitucionales”, por lo que ni siquiera tendría sentido plantearse su incompatibilidad con otros valores constitucionales, aunque sí una interpretación armónica con ellos.

 

Lo anterior no es óbice para plantear la reforma de los supuestos de aforamiento constitucionalmente previstos, que son dos: el artículo 71.3, aplicable a diputados y senadores, y el 102.1, referido al presidente y los demás miembros del Gobierno. En ambos casos, se limitan al ámbito penal, y el fuero corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El motivo por el que se establecieron, siguiendo nuestros antecedentes históricos, es tratar de impedir posibles persecuciones políticas, o simplemente actuaciones tendenciosas o subjetivas de algún juez, a favor o en contra del cargo político del que se trate. Esta hipótesis, que en algunos momentos históricos se ha convertido en una realidad, explica que, en su momento, se entendiera conveniente esta prerrogativa. Eso no significa en absoluto, como alguien ha sugerido, presumir que los jueces sean por definición tendenciosos, ni mucho menos prevaricadores o dispuestos a dejarse llevar por sus preferencias políticas. Pero cierta subjetividad es inherente a toda actuación humana, y en casos políticamente sensibles, se pensó que un órgano colegiado, y del máximo nivel, podría garantizar mejor la actuación objetiva. Si esta explicación de la prerrogativa puede entender como una justificación aplicable en 2018 es precisamente lo que corresponde valorar para decidir si procede esa reforma (que afectaría exclusivamente a los cargos mencionados, al menos en principio). Por supuesto, finalmente decidirá la mayoría cualificada de nuestros representantes, y eventualmente el pueblo en referéndum.

Fuente de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_(España)

Dice la Ley de Felson: “Robarle ideas a una persona es plagio. Robárselas a muchas es investigación”. Esta ley figura en el libro de Arthur Bloch, La ley de Murphy. Edición especial de aniversario, traducción de Ana Mendoza, Temas de Hoy, Madrid, 2005, p. 98, y como se puede comprender, está enunciada con sentido del humor. Lo que sí es cierto es que, si bien es deseable y positivo que las investigaciones sean profundamente innovadoras, el máximo grado de innovación, creatividad e inteligencia solo es alcanzable por algunos, de manera que el “rasero mínimo” se queda en la exigencia de una obra original que realice alguna aportación relevante a la ciencia de que se trate. Desde luego, esto excluye toda forma de plagio, así como toda apropiación de cualquier obra intelectual ajena. Para evitar este tipo de prácticas inadmisibles, hay que seguir diversas reglas, pero estas se pueden resumir en el sentido común y la más rigurosa honestidad en el manejo de las fuentes y la declaración de la procedencia de toda idea o texto. Se puede citar más o menos, y la comunidad científica admite diversos sistemas y técnicas de cita, pero lo que en ningún caso cabe es reproducir sin cita.

Honestidad intelectual Copiar-Pgar

Honestidad intelectual Copiar-Pgar

De aquí se derivan ciertas elementales: siempre que se incorporen ideas ajenas hay que dar la referencia, y reflejarlas huyendo de toda tendenciosidad o manipulación; siempre que se introduzcan citas literales hay que entrecomillar, además de declarar la fuente; si se cita “por referencia” de otro autor (lo cual hay que evitar como regla general, salvo que la fuente original resulte inaccesible por razones justificadas), hay que citar al autor que da la referencia, y no fingir que se acudió a la fuente original; si la traducción la ha hecho un tercero, hay que citar al traductor. En las tesis doctorales, hay exigencias adicionales, ya que han de ser originales e inéditas y, como es obvio, si son de un autor único no pueden incorporar textos realizados en coautoría. En estos casos, la autocita es perfectamente posible, pero no el autoplagio, si se entiende por este la inclusión íntegra y no declarada de publicaciones previas. Todo este conjunto de criterios deriva de una exigencia general de eso que podemos llamar “honestidad intelectual”. En mi opinión, alguien podría cumplir estos criterios y, sin embargo, ser deshonesto en otros aspectos de la vida; pero lo contrario sería mucho más difícil. Si alguien no es suficientemente riguroso y honesto en su trabajo académico, y es capaz de apropiarse de la obra de otros, o falsear la suya propia haciéndola pasar por original e inédita sin serlo, creo que no cabe confiar en que esta persona sea honesta en cualquier otro aspecto de la vida.

Fuente de las imágenes: