Chiquito

          ¡Qué sería de nuestras vidas sin el humor! El humor es conveniente en casi todas las ocasiones. Incluso se diría que es particularmente necesario en las situaciones de crisis, pues es un medio que puede ayudar muy bien a afrontar las dificultades. En España, desde que me alcanza la memoria (que es la más o menos desde la transición) siempre hemos tenido humoristas de nivel, desde Gila a Tip y Coll, y poco después Martes y Trece o Cruz y Raya. Hoy, el género del monólogo nos ha traído a algunos humoristas excelentes, como Goyo Jiménez, Luis Piedrahita o Eva Hache, pero el humorista total solo lo veo encarnado en Florentino Fernández o el gran José Mota (a quien ya dediqué un comentario en su día, y sugiero como doctor honoris causa de nuestra Universidad), sin olvidar humoristas con múltiples vertientes como Santiago Segura. Pero Chiquito… era acaso el más exclusivo e irrepetible de todos.

          Actuando de algún modo como enlace entre estas generaciones de la transición y los 80, por un lado, y nuestro siglo XXI, por otro, “Chiquito de la Calzada” rompió moldes. Su verdadero nombre era Gregorio Sánchez Fernández, había nacido en 1932 y dedicado casi toda su vida al cante flamenco, destacando como palmero, hasta que a los 62 años empezó su actividad televisiva que le hizo de inmediato famoso en toda España por su inconfundible estilo. Se trataba simplemente de contar chistes, muchos de los cuales, para ser sinceros, harían poca gracia en boca de cualquier otro. Pero contados por Chiquito (o quizá habría que decir más correctamente “escenificados” por Chiquito) toda España se moría de risa. Sus inconfundibles andares y sus expresiones repetidas nos encandilaron a todos. Una fórmula aparentemente simple, pero exclusiva. En los últimos años, Chiquito había desaparecido de la escena pública, y cuentan que quedó muy apenado tras el fallecimiento de su inseparable esposa Pepita en 2012. Ahora nos ha dejado él, pero quedarán sus expresiones inolvidables, pronunciadas como él hacía (“finstro”, “pecadorrr de la pradera”, “al ataquerr”…). Si no existiera, habría que inventarlo… pero es irremplazable, y por ello nuestro humor queda un poco huérfano. Campofrío ha hecho la mejor propuesta, al pedir al rey que lo nombre “Conde Mor” (que es un lugar de Galicia), por la “gloria de tu madre”. D.E.P. Chiquito, “hasta luego Lucas”.

 

(Fuente de la imagen, http://www.elmundo.es/andalucia/2017/10/15/59e37dbf268e3e73318b45ea.html)

Comienzo de las XIII Jornadas de Justicia Constitucional en el Campus de la UCLM

Las XIII Jornadas de Justicia Constitucional, que este jueves han comenzado en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), abordarán entre otros asuntos la reforma constitucional en relación con Cataluña. Una reforma que “tiene que venir acompañada de negociación y debate previo y abierto”, en palabras del catedrático de Derecho Constitucional y director de la iniciativa, Francisco Javier Díaz Revorio. “El consenso no es el punto de partida, es la llegada. Hay que huir de posiciones extremas: una, no hacer nada y pensar que podemos seguir como estamos. La otra es la independencia”, señaló en declaraciones previas al a inauguración.

Jornadas de la UCLM abordan la reforma constitucional en relación con Cataluña

Jornadas de la UCLM abordan la reforma constitucional en relación con Cataluña

Leer noticia: https://www.uclm.es/noticias/noviembre2017/toledo/item-noticia#

Repercusión mediática:

 

(Fuente principal de la noticia e imágenes: https://www.uclm.es/noticias/noviembre2017/toledo/item-noticia#)

España es democracia

Aun cuando…

          El Derecho no es una ciencia exacta y, por suerte o por desgracia, en este ámbito casi todo es susceptible de diversas interpretaciones y valoraciones. Toda resolución judicial es susceptible de crítica, jurídica y política. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, incluso las opiniones más disparatadas tienen amparo, y en aras del derecho de defensa casi todo se permite. Pero en una sociedad que aspira a un debate maduro, hay que valorar muy negativamente las opiniones desprovistas de un mínimo fundamento o argumentación. Yo, aunque creo que es muy interesante el debate jurídico sobre las resoluciones que han acordado recientemente la prisión provisional de algunos ex consejeros del Gobierno catalán, no voy a entrar ahora en esa cuestión. Voy a dar por buenas, a los solos efectos dialécticos, las críticas jurídicas que se les han formulado, para poner de relieve que ninguna de ellas permite sostener que España no es un Estado democrático, o que tiene baja calidad democrática, es franquista u otras lindezas del estilo.

          Aun cuando admitiéramos que el Ministerio Fiscal actúa al servicio del Gobierno, su actuación no vincula en absoluto a los jueces, así que no existe base alguna para cuestionar la independencia de estos. Y aun cuando diéramos por cierto que la prisión provisional es desproporcionada, ello no permitiría hablar de presos políticos. Porque aun cuando aceptásemos que no había base suficiente para imputar el delito de rebelión, permanecen otras imputaciones igualmente graves. Y aun cuando defendiéramos que no había riesgo de fuga (a pesar de que medio Gobierno se había fugado ya) ni de reincidencia (aunque las propias declaraciones de los exconsejeros apuntaban a lo contrario), ello no sería obstáculo para que tengamos que reconocer, si pretendemos ser mínimamente objetivos, que el auto de prisión provisional es una resolución judicial legítima, fundada en derecho, y como tal plenamente respetable. Y, por cierto, susceptible de revisión, en la vía judicial, constitucional y europea. Se puede criticar e instar estas vías de recurso, precisamente porque España es un Estado democrático en el que cabe la libertad de expresión, y están plenamente vigentes las garantías procesales. Pretender descalificar la calidad democrática de España con ese argumento me parece una tergiversación interesada e indigna, que solo busca dañar nuestra imagen.

(Fuente de la imagen: https://noticias.infocif.es/noticia/medidas-cautelares-la-prision-provisional-recursos-derechos-del-pre)

Solución provisional

          En lo jurídico, la aplicación del que acaso se haya convertido en el más famoso precepto de la Constitución me parece correcta. No puedo extenderme sobre la cuestión, pero aunque algunos prestigiosos colegas plantearon algunas dudas (en particular si es posible, en virtud de este artículo, cesar a autoridades, así como convocar elecciones), creo que la formulación bastante general de su enunciado permite este tipo de medidas, cuando se cumple el supuesto de hecho habilitante (lo que aquí prácticamente nadie puede dudar) y la medida es proporcionada. La invocación del derecho a la autonomía para exigir en todo caso la interpretación más favorable al mismo, no me parece muy adecuada, no solo porque creo que este no puede equipararse sin más, a estos efectos, a los derechos fundamentales del título I, sino porque el 155, por definición, es una excepción o afectación a este derecho, que el propio constituyente quiso incluir, situándose por cierto en la franja más “moderada” de las alternativas conocidas en el derecho comparado. La autonomía no se suspende, pero puede verse obviamente afectada y reducida. Por otro lado, la necesidad de asegurar la eficacia de las instrucciones previstas en el propio artículo justifica, en el contexto y con los antecedentes conocidos, el cese de las autoridades que han sido apartadas. Además, el principio de proporcionalidad implica que las medidas serán equilibradas con la magnitud de la amenaza, y la que hemos vivido es probablemente la más intensa que pueda imaginarse en relación con algunos principios constitucionales, como el de unidad de la nación, fundamento de la propia norma suprema.

 

          En lo político, parece increíble que Puigdemont desaprovechase la oportunidad que tuvo en bandeja el jueves 26, de convocar elecciones, tomando la iniciativa y, de paso, resquebrajando probablemente la unidad del llamado “bloque constitucionalista”. En cambio, creo que Rajoy sorprendió a casi todos al día siguiente, precisamente al convocar esas elecciones, iniciando un 155 breve, casi quirúrgico, y prácticamente incontestado, salvo por los propios independentistas. Ninguna de las terribles amenazas y de los profundos temores (aparentemente fundados) de graves enfrentamientos, se cumplió. Alguien tan poco sospechoso como Iñaki Gabilondo, ha reconocido abiertamente que sobreestimó a los independentistas, y subestimó al presidente. Las incoherencias e inconsistencias de aquellos han llegado a su grado máximo, hasta el punto de abandonar inmediatamente la “República independiente”, como ha hecho Puigdemont, o aceptar participar en unas elecciones que consideran ilegítimas. Parece que aquí ninguna de las autoridades “se creyó” nunca la declaración unilateral, y por eso desde el primer momento han sido (por suerte) incoherentes con esa declaración. De todos modos, es obvio que nada está resuelto. Habrá que esperar al 21-D y ver resultados. Pero creo que, con independencia de estos, ha quedado claro que la vía unilateral a la independencia conduce a un callejón sin salida y es impracticable. Sería una incoherencia más que los partidos independentistas llevasen en su programa un nuevo referéndum o una nueva declaración de independencia, o un intento de avanzar en medidas que ya se han demostrado impracticables. Siendo así, si tras la aceptación de los resultados del 21-D viene una aceptación de la legalidad constitucional como única vía para el cambio, habrá llegado el momento, sin duda, de plantear la reforma constitucional para buscar otras opciones.

(Fuente de la imagen: http://baluartedigital.opennemas.com/articulo/separatismo/aplastante-mayoria-nuestros-lectores-quiere-aplicacion-articulo-155/20160801221620005291.html)

La patria constitucional

           Fue Habermas, y precisamente con referencia a Alemania, quien acuñó la idea del “patriotismo constitucional”. En Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, esta idea no ha sido nunca necesaria, dado que el sentimiento de patria ha estado siempre vinculado a las ideas de separación de poderes, democracia y respeto a los derechos, y de alguna manera los propios símbolos nacionales representan esos valores. Pero en Alemania, la vinculación del sentimiento nacional al nazismo antes de la segunda guerra mundial, hizo necesario recuperar después un patriotismo vinculado a los valores de la Ley Fundamental de Bonn. En España, probablemente hemos tenido una situación próxima a esta. Las décadas de dictadura franquista (y acaso en parte la fragilidad de la democracia durante nuestra historia contemporánea) provocaron que tanto los símbolos nacionales, como el propio sentimiento de patriotismo, quedasen en parte “contaminados”, al menos para parte de la población. Tal vez de ahí haya derivado un cierto pudor o timidez en la exhibición de los símbolos (fuera del ámbito deportivo) vinculado al riesgo (y al complejo) de que su muestra se identificase o se aproximase de algún modo con determinadas ideologías no propiamente democráticas.

           Casi cuarenta años después de la aprobación de nuestra Constitución, parece llegado el momento de superar esos temores, complejos y asociaciones. En estas fechas de zozobra e inquietud, ha resurgido un sentimiento de unidad en la defensa de los valores constitucionales. Y nuestros símbolos (como la bandera de España, pero también la señera y la bandera europea) se han empezado a mostrar con mucha más confianza y seguridad. Creo que ello encierra el reconocimiento (¡al fin!) de que estos símbolos representan a nuestra Constitución amenazada. A fin de cuentas, con un poco de perspectiva podemos reconocer una historia mucho más comprometida con la limitación del poder y del Estado de Derecho: en nuestro territorio nació el parlamentarismo, y en Cádiz inauguramos la Edad contemporánea con la idea de Constitución como obra de la nación soberana, a la que el mismo rey estaba sometido. De alguna manera, muchos ciudadanos españoles (incluyendo a muchos ciudadanos catalanes) han querido expresar estos días que su verdadera patria no es solo España, sino la Constitución, la democracia y los derechos.

(Fuente de la imagen: http://beatrizbecerra.eu/2017/10/10/se-aplica-articulo-155-proteger-los-derechos-los-catalanes/ ).

Blade Runner 2049

Como soy fan de la película “Blade runner” (que ya comenté en este espacio hace algunos años), cuando se anunció el estreno de “Blade runner 2049”, tuve claro que quería ir a verla, pero que no debía esperar algo al nivel de la película que se estrenó hace ahora 35 años. Si te encanta la paella, tal vez no quieras dejar de pedirla en un sitio que crees bueno, aunque sepas que alguna vez la probaste en un sitio en el que era insuperable. La verdad sea dicha, las críticas que leí previamente me confirmaron el interés por esta nueva película, dirigida por Denis Villeneuve: con ciertas discrepancias, la mayoría reconoce la calidad de este nuevo largometraje. Pero una vez vista la película, creo que un buen resumen es el que hace Oti Rodríguez Marchante en ABC: “Más que una secuela, menos que el original. Habría que evitar algo inevitable: comparar esta película (…) con la original…”. Y es que, en efecto, “Blade runner 2049” es un largometraje bien hecho, correctamente dirigido, con buenos actores y buenas interpretaciones, con escenarios y ambientes adecuados… pero que se queda lejos de la magia de la película dirigida por Ridley Scott. Es la diferencia entre lo bueno y lo sublime. El conjunto de los elementos (dirección, guion, ambiente, actores, aquella inolvidable banda sonora de Vangelis) dio como resultado, en 1982, una de las mejores películas de la historia de la ciencia ficción, radicalmente innovadora. Y en 2017, una obra correcta, probablemente digna de ser vista si se tiene en cuenta esta prevención.

            Porque, tratando de evitar lo inevitable, encontraremos en el film protagonizado por Ryan Gosling, Harrison Ford y Ana de Armas algunos elementos de interés. Continúa la reflexión sobre la esencia de la condición humana y sus difusas  fronteras, e incluso avanza una original tesis, que (sin desvelar nada sobre el argumento) me atrevo a resumir como la de que los humanos tal vez nos vendríamos a caracterizar, frente a los seres biotecnológicos, por haber nacido de una mujer. O al menos, que el conocimiento de esa forma de nacer, igual a la de otros seres vivos, nos hace sentirnos más humanos… O bien sentirnos “como humanos”. Es claro que esta idea sería susceptible de crítica y debate, pero la película tampoco profundiza en ella, ni en general en la psicología de los personajes. Queda “en el aire”…

(Fuente de la imagen: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/curiosidades-sobre-blade-runner)

La Declaración

            Esto de la independencia de nuevos Estados, como la guerra y otros conceptos de relevancia jurídico-política, tiene algo de jurídico, pero mucho de fáctico. La guerra se puede declarar, pero aunque no se produzca esa declaración, hay situaciones fácticas que son inequívocamente bélicas. Probablemente por ello nuestra Constitución, aunque encomienda al rey, con autorización de las Cortes Generales, “declarar la guerra y hacer la paz” (art. 63), utiliza en otros casos la expresión “tiempos de guerra” (art. 15) o “tiempo de guerra” (art. 169). Volviendo a la independencia, esta es, primero de todo, una cuestión fáctica, y luego tiene una vertiente jurídica, que pasa por el reconocimiento de otros Estados y organizaciones internacionales. Y todo ello solo parcialmente depende de que exista una declaración de independencia, y mucho menos de que esta sea jurídicamente válida, lo cual no sucede casi nunca, al menos en su origen y de acuerdo con la legislación del Estado del cual se independiza la entidad soberana naciente. Canadá, por ejemplo, nunca emitió ni aprobó declaración de independencia alguna (aún hoy reconoce simbólicamente la jefatura de Estado a la reina británica); sin embargo, nadie duda de que hoy es un Estado independiente y soberano a todos los efectos. Por su parte, la mayoría de Estados americanos, africanos y asiáticos que se independizaron de las potencias europeas, desde los Estados Unidos de América, emitieron en algún momento declaraciones de independencia, que desde luego eran jurídicamente inválidas desde el punto de vista del derecho de la metrópoli europea de la que se tratase. En todo caso, la independencia no fue consecuencia de esas declaraciones (que muchas veces no procedían de ningún órgano oficial del Estado naciente con supuestas competencias para hacerlo, sino de ciudadanos, grupos o ciudades, y podían ser más bien “gritos” que declaraciones), sino de la situación fáctica consistente en que, muchas veces tras una guerra, aparecía un nuevo poder con capacidad para ejercer la soberanía sobre la población de un territorio, es decir, un nuevo Estado. Cuando eso se produce, el reconocimiento por el Estado originario que sufre esa desmembración, e incluso el reconocimiento por terceros Estados, pasa a un segundo plano. Y en la práctica, aun en los casos en los que el origen de la independencia es considerado ilegítimo por la comunidad internacional, si esa situación fáctica se consolida y persiste en el tiempo, al final la mayoría de los Estados reconocen esa nueva soberanía.

 

La Declaración

 

            Cataluña es, desde luego, un caso diferente a los ejemplos de territorios colonizados que lograron la independencia. Pero a los efectos de una hipotética independencia, las reflexiones anteriores son válidas: la clave es la asunción fáctica de la soberanía. Cataluña ha declarado la independencia varias veces, como ahora recuerdan los medios, pero nunca ha sido realmente independiente (ni siquiera por unas horas o días). El 10 de octubre de 2017, es obvio que se ha declarado la independencia en Cataluña.  Y aunque esa declaración no sea un documento oficial de un órgano o poder oficial, no es un escrito de unos amigos tomando una cerveza, sino un documento suscrito en la sede del parlamento por algunos parlamentarios y miembros del Gobierno que se consideran representantes de Cataluña. Jurídicamente, podemos decir no solo que es nula, sino que sería inexistente como acto de un poder público legítimo. Pero eso es irrelevante en este caso. Lo relevante es que esta vez, a diferencia de los anteriores precedentes, hace tiempo que se inició un proceso de creación de “estructuras de Estado” en Cataluña, y en virtud de una ley de transitoriedad (jurídicamente ahora suspendida, y pronto nula) se van a seguir dando los pasos para esa asunción fáctica de la soberanía: inaplicación del Derecho del Estado y sustitución por uno propio, control de sedes, instalaciones y poderes del Estado… Se siguen dos vías para el logro de ese objetivo: el control de “la calle” para ejercer la presión o la fuerza sobre el Estado para privarle de su soberanía (instrumento preferido por la CUP), y la búsqueda de medidas simbólicas que, o bien no existen jurídicamente (con lo cual es dudoso incluso que puedan ser declaradas nulas) o bien fácticamente se ignora su nulidad declarada; todo ello como medio de distracción que puede permitir el avance paulatino pero inexorable, en paralelo, de ese cambio fáctico (instrumento preferido por el Gobierno catalán y el PdeCat, pero plenamente compatible con la vía anterior). En este contexto, la declaración es un elemento fáctico muy relevante que solo un ciego no puede ver. Si Puigdemont contestase a Rajoy que el Gobierno catalán no ha declarado la independencia, no mentiría, pero eso no es óbice para que él, como presidente catalán, y otros miembros de su Gobierno y del Parlamento han suscrito esa declaración, como paso importante de un proceso en el cual hace tiempo que se rompió con toda la legalidad española. Y si el proceso no es parado, seguirá hasta la completa asunción fáctica de la soberanía. Si eso se consolidase, todo lo demás vendría después, tarde o temprano. Ese es, ese ha sido desde hace un tiempo, el plan.

(Fuente de las imágenes: http://halconesenlahistoria.blogspot.com.es/2010/07/4-de-julio-de-1776-declaracion-de.html y http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431970027817/declaracion-de-independencia-catalunya.html)

Defender la Constitución

          Así es como, en mi modesta opinión, están las cosas. Hay dos problemas, ahora totalmente diferentes. Uno es la necesidad de garantizar la efectiva aplicación de la Constitución vigente en todo el territorio nacional. Otro, el del futuro de Cataluña y su “encaje” en España. Este último –lo he escrito ya varias veces- solo puede resolverse con un diálogo capaz de generar un consenso que conlleve una reforma constitucional. Pero ahora mismo es mucho más perentorio y urgente el primer problema. La defensa de la Constitución implica la de los principios del Estado de Derecho, con su principio básico de la separación de poderes, y su corolario de la vinculatoriedad de las decisiones judiciales. Por ello (dejando ahora de lado otras razones) era muy importante que el 1 de octubre no se celebrase un referéndum en Cataluña. El Tribunal Constitucional había suspendido la ley que lo amparaba, y la propia convocatoria, y en aplicación de esa resolución, el Poder Judicial había dirigido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su condición de policía judicial, para impedir que se llevase a cabo ese acto que rompía frontalmente con los principios constitucionales. Ese día se vivieron situaciones que no hubiéramos querido vivir, y se contemplaron imágenes que no nos gustan. Pero se puede decir que el referéndum nunca se celebró. Lo cual es distinto a la situación en la que se hubiera celebrado un referéndum ilegal. Cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad o conocimiento de lo que es la democracia, y que conozca los hechos más allá de las imágenes de personas introduciendo votos en urnas, comprenderá que no es necesario detenerse demasiado en justificar por qué no hubo referéndum: ya antes del día, la Comisión de Venecia había afirmado que no reunía las garantías necesarias, pero además hubo todo tipo de infracciones de la propia ley del referéndum suspendida, cambios de última hora como el llamado censo universal, votos múltiples, urnas que llegaban ya con votos, ausencia de un control informático que funcionase mínimamente, ausencia de todo órgano de garantía, escrutinios que cambian y no cuadran… La pantomima que contemplamos fue cualquier cosa menos un referéndum.

Defender la constitución

          Con todo, ello no exime de revisar los hechos y exigir responsabilidades, allí donde proceda: probablemente hubo delitos de desobediencia, tal vez de sedición, y ciudadanos y policías heridos. Hay que comprobar si las actuaciones de las fuerzas de seguridad siguieron los parámetros derivados del principio de proporcionalidad. Posibles excesos… o la pasividad de algunos mossos, que pudo generar una mayor dificultad en la ejecución de las decisiones judiciales, y a la postre una mayor necesidad de fuerza. Hay que analizar cada caso, pero carecen de fundamento las visiones simplistas que afirman la superioridad de la integridad física sobre la ejecución de las sentencias, sin considerar que toda ponderación es incompatible con la jerarquización, y requiere además valorar la intensidad de la afectación de cada principio. A pesar de algunas imágenes impactantes y dolorosas (y otras falsas, manipuladas o descontextualizadas), ha habido, según los datos ofrecidos por la propia Generalidad, dos heridos de cierta gravedad (aunque 800 leves, además de 400 policías), de un total de 2.200.000 personas que participaron en el sedicente referéndum, desbaratado para ejecutar una resolución de cuya aplicación podían los valores esenciales de la Constitución, y la propia integridad territorial de la nación. Lamentable, pero creo que, globalmente, es difícil afirmar una desproporción.

(Fuente de las imágenes: https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4218512 y https://elpais.com/elpais/2017/07/27/opinion/1501147524_702998.html)

Legitimidad y coacción

La característica esencial del Estado es la posesión del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Dejando a un lado el caso de legítima defensa, nadie que no sea el Estado puede ejercer la coacción, ni siquiera para la tutela de sus propios derechos. Por eso la realización arbitraria del propio derecho es un delito, que en el caso español está contemplado en el artículo 455 del Código Penal, que castiga al que “para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas”. Pero los derechos no quedan desprotegidos porque el propio Estado de Derecho, y en particular el Poder Judicial, apoyará al que quiere hacer efectivo su derecho, utilizando, si es necesario, la coacción. Coacción que puede ser psicológica (la mera amenaza del ejercicio de fuerza) o propiamente física, lo que dependerá del grado de resistencia de las personas que puede ser objeto de esa coacción legítima. Ningún Estado puede mantenerse –ni se ha mantenido nunca en la historia- sin la posibilidad de ejercer la fuerza, e incluso sin su ejercicio efectivo, prácticamente cotidiano. Cada día se producen detenciones, desahucios, o las fuerzas de seguridad impiden físicamente el acceso de determinados lugares. Tan importante es la coacción como medio para que el Estado pueda imponer el derecho, que una de las acepciones de “coacción” en el Diccionario de la Lengua Española es la de “Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción”.

 

Pero también es verdad que ningún Estado podría sostenerse solo con la fuerza física. El cumplimiento espontáneo de la ley debería ser la regla general, ya sea porque hay una convicción más o menos generalizada de su justicia, ya porque el principio del respeto a la ley, sea cual sea su contenido, se ha asentado en la ciudadanía, o simplemente porque se teme la sanción en caso de incumplimiento. En la práctica, estas tres motivaciones estarán más o menos presentes en cada caso, pero su combinación debería ser habitualmente suficiente para que se produzca la obediencia al derecho. Carlos Santiago Nino destacó la importancia que tiene el respeto y el cumplimiento espontáneo de la ley en el desarrollo de las sociedades. Y mucho antes, Weber ya había hablado de la dominación legítima como la probabilidad que tiene un poder de ser obedecido. Cabe distinguir la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, y aquí siempre se pone como ejemplo de legitimidad perdida la del partido nacional socialista, que accedió al poder en Alemania en 1993 tras vencer en las elecciones. También puede darse el caso de que un poder legítimo apruebe una norma que no lo sea, a la cual no se debe obediencia. Y es que, dejando al lado incluso la subjetiva cuestión de la justicia, solo las normas válidas obligan. Así que si dos poderes, en principio legítimos, dan a la misma población mandatos contradictorios, antes de utilizar los posibles criterios para resolver las antinomias, hay que ver si una de ellas es nula, por ejemplo por contradecir a otra superior. De lo cual no habrá duda si ha sido declarado por quien tiene legítimamente la competencia para hacerlo. Durante años he explicado esto intentando que resulte ameno, próximo, y que los alumnos sientan que les puede afectar. Ahora, me temo que por desgracia, esto último es innecesario. Pero en las sociedades maduras y civilizadas, no hace falta que los ciudadanos sean expertos en derecho para entender que deben obedecer las normas válidas emanadas por el poder legítimo, y no las nulas.

(Fuente de la imagen: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-15/una-medalla-al-ano-el-guardia-civil-mas-condecorado-es-un-oficinista_1415565/)